La SIP advierte la importancia de que México federalice los delitos contra los periodistas

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió hoy de la importancia de que México apruebe una reforma a la Constitución que permita atraer bajo la jurisdicción federal los delitos contra la libertad de expresión o el derecho a la información.

La advertencia se produjo un día antes de que el Senado del congreso de México planea someter a votación del pleno la propuesta de reforma al artículo 73 de la carta magna de ese país, informó la SIP, con sede en Miami.

Esta iniciativa fue enviada al Senado por la Cámara de Diputados en noviembre pasado y hasta "ahora fue dictaminada por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de ese órgano, sin hacerle alguna modificación".

De acuerdo con los senadores, según averiguaciones de la SIP, se prevé que "sea aprobada por el pleno y el dictamen deberá enviarse a los Congresos de los estados, que no tienen plazo para discutirla y votarla, y sólo podrá entrar en vigor si la mayoría de éstos aprueba la reforma".

La implementación de la reforma constitucional está condicionada, además, en los artículos transitorios de la propia iniciativa, ya que en el tercero se precisa que las autoridades federales podrán ejercer la facultad de atracción de este tipo de delitos "después de la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria, que a efecto expida el honorable Congreso de la Unión".

Para que se lleven a cabo estas modificaciones a la normativa secundaria, explicó la SIP, el propio Congreso da un plazo de hasta seis meses al Ejecutivo para que presente las propuestas necesarias.

La SIP ha insistido, por más de una década, en la necesidad de federalizar los delitos cometidos contra los periodistas como una "herramienta indispensable para impedir que los asesinatos y desapariciones de comunicadores queden impunes".

Tras reunirse con representantes del Ejecutivo y Legislativo de México para avanzar en esta reforma, la SIP les presentó hace cuatro años una propuesta de reforma que elaboraron los editores de los estados del país.

Esa reforma afirmó "fue retomada en esencia por los legisladores y es hasta ahora que se puede observar un avance sustancial".