El Gobierno de Rajoy afronta su primera huelga general por la reforma laboral

El Ejecutivo español afronta a partir de esta medianoche su primera huelga general, convocada por los sindicatos contra la reforma laboral, cuando cumple sus primeros cien días de gobierno centrados en las medidas para reducir el déficit público.

El paro de veinticuatro horas, convocado conjuntamente por las dos centrales sindicales mayoritarias en España, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), al que se sumaron otros sindicatos, comienza a las cero horas (22.00 GMT) del miércoles.

Con la convocatoria de la huelga, la octava de la democracia en España, los sindicatos quieren expresar el rechazo a la nueva legislación laboral aprobada por el Gobierno el pasado 10 de febrero y que reclamaban organismos internacionales como el FMI y la patronal española.

El rechazo sindical parte de la consideración de que el nuevo marco laboral -una de las primeras medidas aprobadas por el Gobierno de Rajoy- daña los derechos de los trabajadores, abarata el despido y no servirá para crear nuevos empleos en un país que tiene 5,2 millones de parados, el 23 por ciento de la población activa, con la economía entrando en recesión.

El Ejecutivo argumenta, sin embargo, que el alto desempleo es la razón principal por la que es necesaria la reforma, que pretende flexibilizar el mercado de trabajo y hacerlo menos rígido.

La reforma busca además facilitar la contratación de jóvenes menores de 25 años, un segmento de la población en la que el desempleo ronda el 48 por ciento.

Los dos ministros económicos del Ejecutivo, Luis de Guindos (Economía y competitividad) y Cristóbal Montoro (Hacienda), advirtieron hoy que el Gobierno no va a modificar su postura.

De Guindos afirmó que independientemente de que el paro se considere un éxito o no, "no hay duda" de que no se modificará "ni un ápice" la reforma laboral, aunque afirmó que "desde el diálogo oirán a todo el mundo".

El responsable del Ministerio de Economía se declaró además convencido de que la nueva normativa "clarificará la perspectiva de inversión en España".

"El compromiso del Gobierno con la reforma laboral es absoluto y total, es la pieza básica del conjunto de reformas" porque intenta atajar el elemento diferencial del comportamiento de la economía española que es la generación de muchísimo desempleo, dijo.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aseguró por su parte que el Ejecutivo "no va a ceder" ante el paro porque supondría "profundizar" una crisis que ya ha destruido muchos empleos.

"La disyuntiva no es una huelga general más o menos seguida, la disyuntiva es salir de la crisis o no salir de la crisis, eso es lo que está en juego", dijo el ministro en declaraciones a los medios.

Para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la huelga general no va a servir para solucionar los problemas de España mientras que la reforma laboral servirá "en su momento" para crear empleo y modernizar las relaciones laborales.

"Los sindicatos tienen derecho a convocar la huelga y el Gobierno tiene la obligación de seguir haciendo aquello que crea mejor para el interés general", dijo Rajoy en unas declaraciones realizadas en Seúl el martes tras asistir allí a la cumbre de seguridad nuclear.

La convocatoria de la huelga se produce cuando no se han cumplido los primeros cien días del gobierno, que ha concentrado sus primeras decisiones en medidas para reducir el déficit público y dejarlo este año en el 5,3 % del PIB como exige la Unión Europea, en el horizonte de que la reducción alcance el 3 por ciento del PIB en 2013.

Para ello tendrá que acometer drásticos recortes que quedarán plasmados en los Presupuestos Generales del Estado, que el Ejecutivo presentará el próximo viernes.

Rajoy adelantó que los recortes supondrán reducciones de entre el 12 y el 15 por ciento en los ministerios.

Entre las primeras medidas ya adoptadas está la subida de los impuestos sobre la renta y de bienes inmuebles, la congelación de las plantillas de todas las administraciones y el recorte en un 20 % de las subvenciones a partidos políticos y sindicatos.

Esta huelga será la octava en los 35 años de la etapa democrática en España.

La anterior tuvo lugar el 29 de septiembre de 2010 y el motivo de su convocatoria fue el mismo que el de esta, el rechazo a la reforma laboral aprobada entonces por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Esa huelga tuvo un seguimiento desigual con la suspensión de la producción en sectores de la industria, pero sin paralizar el país ni sus transportes.