El virus disimula la gran deforestación en el mundo

RÍO DE JANEIRO — Desde que asumió el cargo, el presidente Jair Bolsonaro de Brasil ha permitido un mayor desmonte de la selva amazónica.

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Ahora, el coronavirus ha acelerado esa destrucción.

Los madereros ilegales, los mineros y los acaparadores de tierras han desmontado impunemente vastas áreas del Amazonas en los últimos meses al tiempo que la pandemia ha obstaculizado los esfuerzos de aplicación de la ley.

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Esas áreas recientemente despejadas casi seguramente darán paso a una serie de incendios aún más generalizados y devastadores que los que provocaron la indignación mundial el año pasado.

Las consecuencias de la pandemia han exacerbado la degradación ecológica puesta en marcha por las políticas gubernamentales de Bolsonaro, quien favorece la expansión del desarrollo comercial en la Amazonia y considera las regulaciones ambientales como un obstáculo al crecimiento económico.

Se estima que se talaron mil 200 kilómetros cuadrados de la cubierta de árboles de la Amazonia de enero a abril, un aumento del 55 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, una agencia gubernamental. El año pasado, la deforestación en la Amazonia había alcanzado niveles no vistos desde el 2008.

Al mismo tiempo, el coronavirus ha cobrado más de 36 mil vidas en Brasil, que ahora registra el mayor número diario de muertes en el mundo. También ha dominado los encabezados y los debates políticos en los últimos meses, eclipsando el daño a la selva tropical.

Ricardo Salles, ministro del Medio Ambiente quien apoya el relajamiento a la regulación ambiental por parte de Bolsonaro, dijo a fines de abril que veía la pandemia como una oportunidad para reducir las restricciones mientras que la atención estaba centrada en otra parte.

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“Tenemos que hacer un esfuerzo aquí durante este periodo de calma en términos de cobertura de prensa porque la gente sólo habla del COVID”, dijo durante una reunión de gabinete del 22 de abril.

Los comentarios llevaron a los fiscales federales a pedir una investigación.

Las acciones de cumplimiento por parte de la principal agencia de protección ambiental del país, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, o Ibama, cayeron drásticamente durante el 2019, el primer año de Bolsonaro en el cargo, de acuerdo con un documento de la agencia.

Los funcionarios gubernamentales y activistas ambientales dicen que el aumento en la deforestación está siendo impulsado por un sentimiento prevaleciente entre los madereros y mineros ilegales de que derribar la selva tropical conlleva un riesgo mínimo de castigo y produce una recompensa significativa. El Gobierno de Bolsonaro despidió a tres funcionarios de Ibama en abril después de que la agencia llevó a cabo un gran operativo contra mineros ilegales.

Aproximadamente el 50 por ciento de la cubierta arbórea perdida durante los primeros cuatro meses de este año fue en tierras públicas, reporta Ipam Amazônia, una organización de investigación ambiental.

“Veo el oportunismo alimentando la ilegalidad al aprovechar la gente la fragilidad del momento que vivimos, tanto política como económicamente. Esta crisis de coronavirus se está convirtiendo en una crisis ambiental también”, dijo Ane Alencar, directora de ciencias de Ipam Amazônia.

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Después de que el Gobierno de Brasil fue criticado por los incendios el año pasado, Bolsonaro desplegó las fuerzas armadas para apagarlos y evitar que se iniciaran nuevos. Eso dejó gran parte de la tierra desmontada en el 2019 lista para la quema este año.

En mayo, la Administración Bolsonaro envió unos cuantos miles de soldados a la Amazonia y les encargó prevenir delitos ambientales durante 30 días.

En un comunicado vía correo electrónico, el Ministerio de Defensa dijo que había dedicado 3 mil 800 miembros del servicio, 11 aviones, 11 barcos y 180 vehículos a apoyar la misión. La operación, dijo, “demuestra claramente la firme determinación de Brasil de preservar y defender el Amazonas”.

Los activistas ambientales dicen que agradecen cualquier aumento en la aplicación de la ley, pero la mayoría ve la operación militar como una táctica de relaciones públicas que no cambiará la trayectoria de la deforestación ni conducirá al castigo de las personas clave que impulsan la destrucción.

Adriano Karipuna, un líder indígena en el Estado de Rondônia, dijo que su comunidad se siente cada vez más vulnerable.

“Lanzan una gran operación, pero es sólo para ponerla en las noticias”, dijo. “En realidad nunca arrestan a nadie”.