Rima Khatun pasaba frente a la fábrica de ropa Natural Sweater Village en las afueras de Dhaka, Bangladesh, cuando adentro explotó una caldera de gas. Una pared cayó sobre una acera cercana, hiriendo a 10 personas. Khatun, de 20 años, resultó muerta.

Su muerte en diciembre provocó indignación en Bangladesh, donde 4.5 millones de personas trabajan en 4 mil 500 fábricas de exportación de ropa. Despertó recuerdos del desastre de Rana Plaza en el 2013, cuando el colapso de una fábrica en Dhaka mató a más de mil 100 personas. Si bien el accidente que mató a Khatun fue mucho menor, despertó preocupaciones de que la seguridad laboral pudiera estar retrocediendo.

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Desde el desastre de Rana, considerado el más mortal en la historia de la industria del vestido, Bangladesh ha experimentado una de las campañas más eficaces para mejorar las condiciones laborales y de seguridad. Las enormes bajas obligaron a minoristas como Target, Walmart y H&M a confrontar los desenfrenados abusos en sus cadenas de suministro. Temiendo boicots, las marcas occidentales trabajaron con sindicatos, dueños de fábricas, ONGs y el Gobierno de Bangladesh para mejorar la seguridad.

Se han instalado alarmas de incendios en miles de fábricas, y han proliferado puertas contra incendios, rociadores, actualizaciones eléctricas y mejoras estructurales. Los salarios han aumentado y los derechos laborales han mejorado.

Pero ahora Bangladesh, el segundo mayor exportador de prendas de vestir después de China, se halla en una encrucijada a medida que expiran los acuerdos alcanzados luego del desastre de Rana. Una lucha por quién controla la seguridad de las fábricas tiene ramificaciones no sólo para Bangladesh, sino para los consumidores de todo el mundo. En una esquina están los dueños de fábricas locales que creen que es hora de que termine el monitoreo internacional. En otra, están los grupos laborales y sus partidarios sin fines de lucro, que luchan por conservar las ganancias obtenidas con esfuerzo. Luego, están las marcas occidentales, conscientes tanto de sus costos como de su reputación. Todos quieren tener voz y voto en cómo vigilar los 34 mil millones de dólares en ropa que exporta Bangladesh al año. Atrapados en medio hay millones de trabajadores.

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Antes del colapso en Rana Plaza, las compañías occidentales dependían en gran medida de sus propias prácticas de auditoría para monitorear a los proveedores en Bangladesh. Las muertes accidentales eran comunes. Poco después, las marcas llegaron a dos acuerdos trascendentales sobre seguridad. Uno fue el Acuerdo sobre Incendios y Seguridad de Edificios en Bangladesh, legalmente obligatorio, que fue principalmente para marcas europeas como H&M, Hugo Boss y Primark. El otro fue la Alianza para la Seguridad del Trabajador de Bangladesh, que era menos obligatorio, y que estaba firmado principalmente por empresas estadounidenses como Walmart, Gap y Target.

Ambos fueron ratificados en 2013. Las marcas signatarias debían revelar sus proveedores públicamente con la esperanza de que la transparencia pudiera mejorar las condiciones laborales. Ambos crearon estándares de seguridad. Monitores independientes inspeccionaron más de 2 mil 500 fábricas y pusieron en la lista negra a más de 300. Para cuando los mandatos iniciales terminaron en 2018, la seguridad había mejorado radicalmente.

Los dueños de fábricas de Bangladesh, muchos de los cuales son miembros del Parlamento, quieren devolver la responsabilidad de la seguridad a Bangladesh. La Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Vestir de Bangladesh, un grupo privado que cabildea a nombre de 4 mil 375 propietarios de fábricas, ha creado un sistema con apoyo del Gobierno: el Consejo de Sostenibilidad de Prendas Confeccionadas. Tiene como objetivo consolidar la supervisión de la seguridad en un solo organismo con sede en Bangladesh que reemplace a iniciativas anteriores. Una transición ya está en marcha.

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“Es hora de que Bangladesh reclame su propio espacio, claramente definido por las reglas que benefician y satisfacen a todos los interesados”, dijo Rubana Huq, presidenta de la asociación de fabricantes de prendas de vestir.

Incluso si se mantiene el avance en seguridad, quedan retos importantes, como los bajos salarios y el abuso. El año pasado, los trabajadores del vestido organizaron protestas por un salario mínimo equivalente a 94 dólares al mes, para el trabajo menos calificado.

“La ropa barata no es barata”, dijo Kalpona Akter, directora ejecutiva del Centro de Solidaridad Laboral de Bangladesh. “Alguien siempre tiene que pagar por ella. Y ese alguien es un trabajador”.