Alerta Amber, una prioridad para la ministra Montalvo

La trágica muerte del adolescente Juan David García no solo ha conmocionado a Panamá, sino que ha revelado las serias deficiencias del sistema de Alerta Amber en el país. Este lamentable hecho no puede ser visto solo como una falla individual del sistema, sino como un reflejo de la falta de preparación institucional y de las prioridades erradas en cuanto a la protección de los menores.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, ha sido clara en reconocer las fallas del sistema desde su implementación en 2021, señalando que la Alerta Amber fue aprobada de manera prematura, sin los recursos técnicos ni financieros necesarios para que cumpliera su objetivo. ¿Cómo es posible que se destinen solo 50 mil dólares a una iniciativa que requiere alrededor de 5 millones para funcionar correctamente? Esto es una prueba irrefutable de que la seguridad de nuestros menores no ha sido una prioridad suficiente para las autoridades. La escasa asignación de fondos, aun sabiendo lo crucial de la situación, deja a muchos preguntándose sobre el verdadero compromiso de los encargados de proteger a los ciudadanos más vulnerables.

El caso de Juan David pone en tela de juicio no solo el sistema de alerta, sino la estructura misma del Estado panameño cuando se trata de la protección infantil. Montalvo ha admitido que no existen acuerdos con las compañías telefónicas para que las alertas lleguen directamente a los celulares de los ciudadanos. En un mundo en el que la tecnología avanza a pasos agigantados, es difícil de entender cómo un mecanismo que depende del tiempo y la difusión masiva no está integrado con las herramientas más efectivas para llegar a la mayor cantidad de personas. En lugar de eso, las alertas solo se emiten en redes sociales y sitios web gubernamentales, lo que limita seriamente su impacto.

Otro problema clave es la burocracia que rodea la activación de las alertas. El Ministerio de Gobierno, como señaló la ministra, no tiene la facultad de activar la Alerta Amber sin la autorización previa del Ministerio Público, lo que genera una barrera innecesaria en situaciones donde el tiempo es un factor crítico. ¿Por qué no existe un protocolo más ágil que permita actuar de manera inmediata, en lugar de esperar una autorización que puede tardar horas, o incluso días, cuando cada minuto cuenta para salvar una vida?

Montalvo ha asumido su responsabilidad y se ha comprometido a impulsar reformas en la Ley 230, lo cual es positivo. No obstante, esto no debe quedarse solo en promesas. Las reformas propuestas, como la modernización del sistema y la inclusión de herramientas tecnológicas más avanzadas, deben ser una prioridad de Estado.

Es fundamental que se fortalezcan las alianzas con las empresas tecnológicas y se asignen los recursos necesarios para hacer del sistema de Alerta Amber una herramienta efectiva y funcional.

Este caso es un llamado urgente para que Panamá se replantee su enfoque hacia la protección de los menores. No podemos permitir que la muerte de Juan David García sea en vano; su caso debe servir como un punto de inflexión para que las autoridades implementen los cambios necesarios y aseguren que el sistema cumpla con su propósito de salvar vidas. No basta con señalar las deficiencias, es momento de actuar con decisión y responsabilidad de los Barrios".