Boca La Caja

Fue una caleta de pescadores cuando el mar rompía en los terrenos de la Cinta Costera. Pero esas familias se mudaron de lugar a los terrenos de Boca La Caja para ceder espacio a la construcción del Hospital Santo Tomás. Desde entonces, los moradores de Boca La Caja vivieron en la incertidumbre de no tener el respaldo de títulos de propiedad. Fueron precaristas involuntarios por largo tiempo. El desarrollo urbano de la ciudad capital levantó edificios de lujo al lado de las modestas viviendas, marcando contrastes sociales y económicos. Los moradores recibieron continuas propuestas de los promotores inmobiliarios para adquirir lotes de terreno en buenas condiciones económicas creadas por la plusvalía de la vecindad.

Esto es, en esencia, lo que ha hecho el gobierno de Ricardo Martinelli al entregarles títulos de propiedad a los descendientes de aquellos pescadores que accedieron a la solicitud del presidente Belisario Porras para edificar el Hospital Santo Tomás. Se les ha hecho justicia de tipo social a las tres mil familias de residentes de Boca La Caja. Tienen respaldo de la seguridad jurídica para continuar residiendo allí sin amenazas de lanzamiento, o, si lo desean, vender sus lotes de terreno, beneficiándose de un avalúo que se ha elevado con el correr de los años.

La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), en concordancia con la política de desarrollo de los habitantes de los sectores de escasos recursos económicos, ha entregado 66,000 títulos de propiedad a 330,000 familias que residen en distintos puntos del territorio nacional. Se está implementado un programa de legalización masiva que representa el 78% de la meta gubernamental.

El problema número uno de las agrupaciones de barriadas precaristas es que carecen de títulos de propiedad, situación anómala que no les permite, entre otras cosas, hipotecar, vender, convertirse en sujetos de crédito comercial para atender los problemas de mejoramiento de la vivienda, factor que incide en el mejoramiento de la calidad de vida de los moradores.

El economista peruano Hernando de Soto ha liderado estudios sobre precaristas de países del Tercer Mundo que demuestran que la inexistencia de títulos de propiedad de tierras y vivienda impide la incorporación masiva de bienes inmuebles al PIB de esos países, a pesar de que, sobre todo, en vivienda hay inversiones cuantiosas no contabilizadas oficialmente. Lograr la titulación de las tierras que se balancean en un limbo jurídico, como lo está haciendo el Gobierno, representa una pieza importante en el avance del desarrollo económico de Panamá.

El mensaje que envía el Gobierno a la comunidad nacional, particularmente los sectores populares, es que apoya resueltamente la titulación de tierras en forma legal, para evitar aprovechamientos mercantilistas incorrectamente dirigidos. Se han presentado numerosas casas de escrituras adulteradas en las que se eliminan los nombres de personas naturales y personas jurídicas para usurpar la propiedad y venderla ilegalmente. La Anati y la administración de justicia desbaratan los intentos de las mafias de esta especie que no vacilan en recurrir a procedimientos criminales para perpetrar sus latrocinios.