Canal y nuevas esclusas

Voces aisladas de algunos panameños han venido recordándole al país que la problemática más importante de las últimas décadas ha sido la que se relaciona con el Canal interoceánico, hoy en manos de los gobiernos nacionales. Formamos parte de esas voces aisladas, porque desde mediados de los años "80 planteamos la conveniencia y necesidad de que nuestro Estado tuviera planes bien estructurados, por elementos nacionales y extranjeros, en consulta con nuestro pueblo, a fin de que la reversión paulatina de los bienes canaleros, incluyendo el Canal y demás muebles e inmuebles, fuera objeto del mejor aprovechamiento que pudiera dárseles, de tal forma que esa reversión fuese la palanca en virtud de la cual pudiera convertirse a Panamá en un país moderno, con solución racional y planificada para todos sus problemas. Fruto de tal preocupación fue nuestro interés para que se aprobara el artículo que hoy es el número 319 de la Constitución, reformada íntegramente en 1983, reforma total que fue calificada por el extinto constitucionalista Dr. César Quintero, del modo siguiente: "Siempre he sostenido que el Acto constitucional de 1983, dictado sin ajustarse en forma alguna a la cláusula de reforma de la Constitución de 1972 y aprobado mediante referéndum nacional, no fue un acto reformatorio de la Constitución del "72, sino una nueva Constitución, y que por tanto debía haber sido llamado Constitución de 1983" (Véase la Presentación del texto de esa Carta Magna, introducción redactada por dicho Dr. Quintero en septiembre de 1995, Edición del Estatuto de Estudios Políticos Internacionales, Panamá, 1995).
El mencionado artículo 319 constitucional trataba de adelantarse al vacío que dejaría la derogatoria del artículo 274 de la Carta de 1972, ya que según la reforma total antes aludida, la Constitución torrijista quedaría derogada, como en efecto sucedió, por la de 1983. A ello se debió que el Dr. Quintero pudiera hablar de "nueva Constitución", para la de ese último año.
Los señores Dr. Jorge E. Illueca, Lic. Fernando Manfredo, Ing. Demóstenes Vergara S., Ing. Tomás Drohan Ruiz, Rubén Darío Paredes (G.R.), nosotros mismos y otras personas, han señalado la forma como en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se han venido tomando medidas que aparentemente conducen a compromisos y obligaciones con mucha anterioridad a la fecha en que debería presentarse a la comunidad panameña las informaciones preliminares necesarias para que paso a paso, ésta pueda entender en forma racional todo lo que implica una decisión relativa a nuevas esclusas canaleras, en todas sus complejidades. No se necesita una explicación cargada de tecnicismos para que la generalidad de los panameños, que somos legos en la materia, podamos comprender los diversos ángulos y posibilidades esenciales del problema.
Sin embargo, el ingeniero Tomás Drohan Ruíz acaba de presentar denuncia pública, en el sentido de que "la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ordenó al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (EU) y a un consorcio belga-francés, el diseño de nuevas esclusas, con dimensiones específicas". Añade Drohan que "un Post-Panamax porta contenedores de 8,000 TEU, puede transitar por una nueva esclusa mucho más pequeña y mucho menos costosa que la que la Autoridad del Canal de Panamá encomendó a los citados contratistas por sumas de varios millones de balboas".
El Ing. Drohan plantea otras situaciones adicionales de fundamental interés, en torno a lo que está haciendo y decidiendo la Autoridad del Canal de Panamá. Por nuestra parte, tomamos en cuenta que así como se aprobó hace años la Ley sobre la nueva Cuenca del Canal, como si ya el pueblo panameño hubiera decidido que se haría un tercer juego de esclusas, todo indica que los contratos con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército norteamericano y con el consorcio belga-francés señalado, presuponen un preparativo adelantado para las dimensiones de las nuevas esclusas, lo que mucho influirá en el costo de construcción.
Por su parte, el Lic. Manfredo ha formulado, desde hace tiempo, serios interrogantes sobre el financiamiento de las nuevas esclusas, sus costos, planes de recuperación de las inversiones, etc. Por todo lo que está ocurriendo en la Autoridad del Canal de Panamá (ampliación del Corte Culebra, ampliaciones en las entradas del Canal, trabajos de ampliación y profundidad en el Lago Gatún, etc.) una ampliación en marcha que puede ser un adelanto a lo que debe, constitucionalmente, aprobarse en referéndum de manera previa. Y ello presagia que, a lo mejor, se presentarían después "hechos cumplidos".
Sería útil conocer, también, la opinión que tengan otros técnicos nacionales, sobre todo en la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, la cual, nos parece, debería conocer de cerca lo que está ocurriendo en los predios o en las aguas de la Autoridad del Canal. No sólo es cosa de inconstitucionalidad, sino de aspectos técnicos que deberían explicarse con mucha anticipación al pueblo panameño. Debe presentarse a la opinión pública, abiertamente, la totalidad del problema, las varias posibilidades de soluciones y opciones, ya que está resultando que la Autoridad del Canal quiere hacer las cosas "por la libre", y ese camino no es siempre el de los intereses nacionales de Panamá.