Construyendo una política ambiental integrada

Se busca la conservación de océanos, mares y recursos marinos para reducir la sobreexplotación de especies, proteger los humedales, manglares y arrecifes coralinos, y regular el uso de agroquímicos. Foto: Archivo.

El Plan Estratégico con Visión de Estado Panamá 2030, es un documento preparado por el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo que busca la implementación, en nuestro país, de una política pública, comprometida con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. 

Dentro de las políticas a ser contempladas por el Estado está la “Sostenibilidad ambiental”, importante porque, tal como está diseñada la gobernanza mundial, son los países los que deben tomar las medidas que repercuten a un nivel global. 

Mientras que a nivel nacional, el documento plantea que la creación del Ministerio de Ambiente, en el 2015, ha sido uno de los mayores logros en el plano institucional, también muestra el aumento en el país de las emisiones de CO2 y la intensidad en el uso de fertilizantes, en el periodo del 2000 al 2012. 

Por estas razones, plantea varios ejes estratégicos a seguirse por el Ministerio de Ambiente.

El primero es la propuesta de una gestión sostenible e integrada de los recursos hídricos, reflejados en la importancia que debe mostrarse en el manejo de las cuencas de los ríos “como unidad básica de la planificación y administración ambiental del país”.

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El segundo eje plantea la implementación de una política energética limpia y sostenible, accesible para la mayoría de la población, sobre todo la campesina e indígena.

Se proponen proyectos que alejen el consumo de energía a base de hidrocarburos, por aquellos de fuentes renovables, amigables al medioambiente, como las hidroeléctricas, eólica o solar, además de una mayor integración regional que sostenga el aumento energético en el país.

El tercer eje hace referencia a una producción sostenible y más limpia, fomentándose “la implementación de sistemas de gestión ambiental para la micro y pequeña empresa, y la política de pesca responsable”.

El cuarto eje llama a tomar las medidas necesarias para la mitigación del cambio climático, en cumplimiento con los acuerdos y tratados internacionales suscritos por la nación. 

Ambos ejes mencionados llaman a la planificación del desarrollo forestal, asociado a la gestión integral de los recursos hídricos y marino-costeros.

Hasta este punto, es concebible un patrón secuencial entre los ejes y las políticas a seguirse.

El quinto eje se relaciona con la gestión de nutrientes y residuos sólidos que engloba a los sectores en todos los niveles de gobierno, mientras que el sexto eje presta atención a los ecosistemas terrestres, dulceacuáticos y marinos como fundamentales para el equilibrio y calidad de vida.

Ambos entremezclan sus políticas, y, por lo tanto, las estrategias para su cumplimiento. 

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La biodiversidad, entendida como la promoción de la investigación científica y la realización de inventarios biológicos, es parte del quinto eje.

La base legal de la misma son los convenios internacionales, leyes y decretos nacionales, que tendrían como principal logro la creación de mapas de biodiversidad y ecosistemas, instrumentos importantes para medir las transformaciones del medioambiente en regiones específicas del país. 

Otra de las políticas que se relacionan con las acciones de las entidades del gobierno y su accionar a favor de la biodiversidad, está relacionada con la conservación de las áreas protegidas en el territorio nacional, promoviéndose la participación de la población y de recursos humanos especializados en la planificación y manejo de las existentes y aquellas necesitadas de protección en el futuro.

La siguiente de las políticas relacionadas con las actividades de las entidades públicas es el ordenamiento territorial, de manera que, de forma general, las actividades humanas – servicios públicos, transporte, patrimonio cultural y otros – se vinculen de manera integral al manejo de cuencas y ecosistemas. 

Por otro lado, la conservación de los ecosistemas terrestres y marinos propone la conservación de las concesiones forestales, con la implementación de procedimientos para la extracción maderera y la ejecución de un inventario del patrimonio forestal del Estado.

A su vez, promociona la revisión de leyes que cumplan el objetivo de la zonificación y protección de áreas para la reproducción y supervivencia de especies de interés comercial y la consolidación de áreas marinas protegidas.

También se busca la conservación de océanos, mares y recursos marinos para reducir la sobreexplotación de especies, proteger los humedales y arrecifes coralinos, y regular el uso de agroquímicos.

No se duda de que lo planteado, representa un buen inicio para la planificación de políticas y estrategias, pero existen debilidades al no considerar elementos importantes que afectan el medioambiente.

Al tratarse los inventarios biológicos se hace énfasis en el extractivismo forestal, e incluso el pesquero.

Sin embargo, no se abordan extractivismos como el minero o agroindustrial, posiblemente beneficiosos a la economía nacional, pero cuyas actividades - realizadas por grandes transnacionales, y no por medianas o microempresas - al no ser supervisadas por el Estado, pueden ser graves.   

En la actualidad, medioambiente y extractivismo más que oponerse, deben complementarse.

Profesor de Historia.