Consulta popular: ¿demagogia pura o seriedad?

El presidente Juan Carlos Varela junto a la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, antes de iniciar el último discurso de su mandato. Foto: Víctor Arosemena/EPASA.

En su discurso del día 2 de enero del año que recién se inicia, ante la Asamblea Nacional, escenario en el que se dieron varias incidencias entre la presidenta del hemiciclo panameño y el mandatario Juan Carlos Varela, incidencias estas catalogadas por algunos medios como "fuego cruzado", tal vez la nota más relevante de su contenido sea la consistente en la consulta que se elevará ante el Tribunal Electoral a efectos de viabilizar la inclusión de una quinta papeleta, cuyo propósito único habrá de ser que el pueblo panameño decida que quiere un nuevo texto constitucional, ya sea mediante una constituyente originaria o una paralela, una reforma constitucional.

No obstante, en la misiva enviada por el mandatario Varela al presidente del Tribunal Electoral solo se hace mención de una constituyente paralela al tenor de lo que prescribe el artículo 314 de la Constitución Nacional, dejando a un lado la posibilidad de una originaria.

Durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea, el mandatario expresó que presentaría en ese mismo día, como en efecto lo hizo, no obstante de apartarse del discurso, a las 12:00 p.m., ante los magistrados del Tribunal Electoral, la nota, pero haciendo solo referencia a la constituyente paralela, no así a la originaria.

Sin embargo, reiteramos, en su discurso ya había sostenido que la consulta estaba destinada en torno a conocer la viabilidad "de incluir una quinta papeleta para que el pueblo decida si las reformas constitucionales necesarias se hacen a través de una asamblea constituyente paralela, una originaria o por la vía de reformas tradicionales mediante dos asambleas".

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De acuerdo con Varela, "el poder supremo lo tiene el pueblo, que el pueblo decida y que sea la voz del pueblo el que escoja el camino para seguir enrumbado por las vías del progreso, la paz y la equidad a esta gran nación, y lo ideal sería que lo haga el 5 de mayo de 2019". 

El Ejecutivo se escudó en los problemas sociales para argumentar que las condiciones sociales no permitían pensar o siquiera intentar reformas constitucionales.

A ello señaló que "ordenar el país, desmantelar una estructura delincuencial, enfrentar ataques de medios con indicios de estar vinculados a casos de corrupción (léase básicamente Epasa y NEXtv)" habían alterado las condiciones necesarias "para cumplir con la promesa de darle al pueblo una nueva Constitución a través la constituyente paralela".

Dicho en otras palabras: "No me ocupé del tema constitucional porque estaba muy ocupado en estos asuntos".

Sin embargo, la realidad indica que estos problemas continúan y aún más agravados, no se han solucionado.

De haberse solucionado o mermado en sus efectos en la nación, tal vez podríamos creer en el discurso pro nueva Constitución, pero la nefasta realidad nos lanza un gaznate perverso y cruel con ímpetus mayores.

Dirigiéndose directamente a los diputados, de modo tardío, muy tardío, el presidente Varela subrayó que es preciso hacer a un lado las diferencias y trabajar estos meses "unidos en el beneficio de Panamá y la modernización de nuestro sistema democrático".

Es una pena, pues estas exhortaciones debieron ser la tónica inicial, desde un principio, de la agenda del mandatario, hace cuatro años y medio, y que dista de tan solo de unos pocos meses para decirle adiós a la presidencia.

Sencillamente, la casa no se organizó y ahora, faltando poco tiempo, se ruega que se organice tras un desiderátum que tiene un sentido de viveza política o de pura demagogia.

La cuestión va más allá: el mandatario Varela sabe que el país quiere una nueva Constitución, y apuesta a la aprobación en una quinta papeleta previamente autorizada por el Tribunal Electoral, instancia que ya ha contestado al pedido del gobernante diciendo que se requiere que una ley, previamente, aprobada en la Asamblea la estatuya o prescriba.

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Y seguimos en el juego político, la misma tiradera: y todo ello para que al final de cuentas se piense que la Asamblea es la culpable y la que no quiere una nueva Constitución.

Varela diría, si esto llega a suceder: "Ahí lo tienen, yo quise, la Asamblea no quiso".

La Asamblea no puede caer en este juego.

Que apruebe la ley que prescriba la quinta papeleta como consulta democrática para una nueva Constitución, pero no en las elecciones generales inmediatas –otro momento–, ya que con ello podría crearse confusión e incertidumbre en el electorado.

Sobre la viabilidad constitucional de la consulta en las elecciones generales próximas, a mi concepto jurídico, la Constitución no lo permite.

Serían otras razones las que lo permitirían, pero no las legales.

Abogado