Contra la estupidez

Lucho por la verdad y la justicia, contra la mentira y la maldad.

En esa lucha no respeto personajes, partidos y ni autoridades.

Siendo católica, le he llamado la atención al Papa varias veces y si se presenta la necesidad tratar sobre las injusticias que ha cometido la Iglesia Católica, lo haré aunque me excomulguen y me manden al infierno.

No obstante, hay un enemigo que derrota a quienes defienden la verdad y la justicia.

Ese enemigo es la estupidez.

Contra la estupidez, no puedo.

Hace poco escribí: "Mientras más corrupción hay, más se atropellará a los periodistas, a los medios de comunicación y al pueblo panameño" (El Panamá América 28 de julio del 2000).

Así fue.

La procuradora Alma Montenegro de Fletcher logró meter un artículo en la nueva ley mordaza recién aprobada por la Asamblea.

Este artículo resume lo que, durante la presidencia de Ernesto Pérez Balladares, quisieron introducir en el Código Penal, Luis Carlos Cabezas, José Juan Ceballos y Ana Belfon.

Tan injuriosos a la libertad de expresión eran los cambios que Cabezas, Ceballos y Belfon proponían, que el periodista Andrés Oppenheimer los criticó acremente (El Heraldo de Miami 9 de julio de 1998).

El artículo número 70 fue enviado a la Asamblea por la ex dirigente perredista, Alma Montenegro de Fletcher, el 10 de abril del año en curso.

El día siguiente, 11 de abril, tuvo lugar la audiencia preliminar en la demanda por calumnia que interpuso Montenegro de Fletcher contra Marcelino Rodríguez, Michelle Lescure y quien les escribe.

Esa demanda fue motivada por un cuestionamiento que se le hizo a la Procuradora en cuanto a una casa obtenida en la antigua Zona del Canal después de que La Prensa descubrió que dos ministros perredistas se habían apoderado de las dos mejores casas en el Fuerte Clayton.

En la audiencia del 11 de abril, quedaron provisionalmente sobreseídas Lescure y Janson Pérez, siendo encausado el periodista Rodríguez.

Personalmente, me sorprendí que la Procuradora no hubiera protestado contra los sobreseimientos.

Ahora entiendo que ya estaba listo el remedio que evitaría que en el futuro se cuestionaran a las autoridades por la razón que fuera.

El mortal artículo 70 establece que hay cierta información confidencial que no puede ser difundida y da una lista de todo lo que pudiera afectar negativamente a una persona corrompida o un gobierno que teme que sus acciones sean del conocimiento público.

Dice: "Para los fines de esta ley, se entiende por información confidencial o de acceso restringido aquella que por razones de interés público o particular no puede ser difundida, porque podría ocasionar graves perjuicios a la sociedad o al Estado o a la persona respectiva, como es el caso concerniente a las negociaciones de tratados y convenios internacionales, seguridad nacional, situación de salud, ideas políticas, estado civil, inclinación sexual, antecedentes penales y policivos, cuentas bancarias y otras de naturaleza similar, que tengan ese carácter de acuerdo a una disposición legal" (La Prensa 31 de julio del 2000).

Por lo tanto, de acuerdo con ese artículo, en Panamá no se podrá escribir en los medios de comunicación en referencia a tratados y convenios internacionales, la seguridad nacional, las epidemias y demás problemas de salud, el estado civil de los funcionarios, sus inclinaciones sexuales, sus antecedentes penales y policivos (siendo lo anterior una nueva modalidad de indulto y amnistía), ni sus cuentas bancarias (se salvaron los partidos políticos, el dueño de la cuenta de "Rocky" además de gente como Specht y Castrillón Henao), y cualquiera otra cosa que incomode a los funcionarios de gobierno.

Con una celeridad que espanta, la Asamblea Legislativa se tragó la píldora envenenada.

Procedió a aprobar el proyecto de ley que, conteniendo el mortal número 70, comprendía un total de 200 artículos.

No acusaré a los legisladores de ser corrompidos.

A quienes votaron a favor de la nueva ley mordaza les digo estúpidos porque, sin tener tiempo para considerar adecuadamente el proyecto de ley, la aprobaron en debates ocurridos el 2, 3 y 5 de junio.

No quisieron entender que con ésa se establecía la dictadura de la corrupción en Panamá.

Si antes sufrimos por la dictadura de los militares y sus socios civiles, y después una dictadura civil, de ahora en adelante viviremos en la dictadura de la corrupción.

Lo más trágico es que, en vez de montar una campaña nacional e internacional contra la aprobación de semejante artículo, nos dejamos estúpidamente entretener---incluyendo quien escribe--por el sainete montado entre el procurador José Antonio Sossa y la Corte en relación a la detención del periodista Carlos Singares.

Trágico también es que a varios miembros del Partido Demócrata Cristiano (PDC), incluyendo Ricardo Arias Calderón, quien tiene a su haber muchos pergaminos que dan fe de su brillante educación, les pasó lo mismo.

Por una parte quienes defendíamos a Singares, y por otra parte, quienes defendían a su amigo --el procurador ex PDC-- nos dejamos meter el gol que acabaría con la libertad de expresión en Panamá.

Ante mi propia estupidez, he llorado.

Oh, Dios, ¿quién va a defender Panamá en esta hora, cuando el pueblo muere de hambre e ignorancia, mientras que los ladrones se han protegido en su afán de apoderarse de las arcas nacionales, la tierra, cielo, ríos y mares de la Patria?