Realidad
... la Valuación Actuarial del 2003 de la OIT ayudó a promover la narrativa que preparó el camino para la Ley 51. También, por experiencia, se puede afirmar que cuando en aquel momento se les advirtió de los posibles sesgos, prestaron oídos sordos. Con esto, quedó cuestionada su supuesta metodología participativa. No vale la pena volver a tropezar con la misma piedra.
Recientemente, el actual presidente de la República, quien en su mandato ha mostrado sumisión a los intereses de los sectores económicamente dominantes del país, ha manifestado su agrado con incluir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como un actor clave en el diálogo oficial sobre el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (PIVM).
Se trata de un hecho que obliga a reflexionar sobre el significado del mismo para los intereses de los asegurados. Esto es, sobre todo, importante teniendo en cuenta que la cúpula del sector financiero del país coincide con la posición presidencial.
Para ser justos, podemos empezar señalando que la OIT tiene un excelente modelo para realizar cálculos relacionados con los sistemas de pensiones. El contenido del mismo se encuentra publicado en un libro titulado ILO/Pension Actuarial Model (2020), el cual constituye el manual del usuario de dicho modelo.
En base a lo anterior, se podría justificar que la OIT ofreciera ese aparato de cálculo a fin de que los sectores sociales, en base a sus propias hipótesis, analizaran alternativas. Sin embargo, no es correcto defender la idea, que parece ser la aceptada por el presidente, de que debe ser esa organización la que realice la valuación actuarial del Programa de Invalidez Vejez y Muerte (PIVM). La experiencia aconseja que esto no se haga.
En el 2003, la OIT realizó y publicó una Valuación Financiera y Actuarial de la CSS (ILO/Panamá/R.2). Este estudio, que resultó estar altamente sesgado en contra de los intereses de la población asegurada, sirvió, a nuestro juicio, de apoyo a la formulación y aprobación de la infame Ley 51 de 27 de Diciembre de 2005.
Para comenzar, el estudio sesgó hacia la baja la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía panameña, lo que dio pie al alegato de que la baja tasa de crecimiento económico justificaba cambios profundos en los parámetros del sistema de pensiones. Concretamente se supuso una tasa de crecimiento económico del PIB de apenas 3.9% promedio anual.
Obviamente, la realidad ha desmentido a los "técnicos" de la OIT, dado que entre el 2000 y el 2019 la economía panameña creció a una tasa promedio anual de 5.8%. Más aun, existe un práctico consenso que la tasa de crecimiento promedio anual de nuestra economía es de alrededor de 5% (5.3% en el caso del documento de la Universidad de Panamá sobre el tema de las pensiones).
El error en la tasa de crecimiento de los "técnicos" de la OIT, llevó a predecir que hacia finales del 2019 el número de asalariados sería de cerca de 1,005.0 miles de personas y que el número de cotizantes activos sería de 987 miles de personas.
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La práctica demostró que en agosto de 2019 se registraron 1,167.1 miles de asalariados, lo que muestra un sesgo de 16% en el cálculo de la OIT. Si se utilizan los datos oficiales, el sesgo con respecto a los cotizantes activos es prácticamente el doble del observado para los asalariados.
Todo esto llevó, por parte de la OIT, a un cálculo muy sesgado de las remuneraciones de los asalariados y, por tanto, de los ingresos por cuotas del PIVM. Es así que ya en el 2019, la realidad mostró un monto de remuneraciones superior en 992 millones al proyectado por ese organismo.
Lo importante a retener no es solo el hecho de que la Valuación Actuarial del 2003 de la OIT ayudó a promover la narrativa que preparó el camino para la Ley 51. También, por experiencia, se puede afirmar que cuando en aquel momento se les advirtió de los posibles sesgos, simplemente prestaron oídos sordos. Con esto quedó cuestionada su supuesta metodología participativa
No vale la pena volver a tropezar con la misma piedra.
Economista.
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