De la libertad de expresión y de la Constitución Nacional

Sin temor a equivocarme creo que "la libertad de expresión" es uno de los temas que han predominado en nuestros escritos y es que en él nos fundamentamos para dirigirnos a los apreciados lectores. Sin libertad de expresión tampoco existe el derecho a la información al que todos tenemos derecho.
El presente gobierno y su antecesor nos prometieron acabar con las leyes mordaza y ambos han argumentado que no cumplieron por cuanto a que los gremios no se ponen de acuerdo. Como les conviene dejar las cosas como están ya que indubitablemente significa una ventaja para ellos mantener la espada de Damocles sobre el cuello de todos los comunicadores, medios de comunicación y periodistas, entonces atribuyen su inacción a "la falta de consenso".
Ha predominado en un sector el llamado "periodismo idóneo" que no es otra cosa que una limitación a la libertad de expresión. Esta limitación consiste en autorizar solamente el ejercicio del periodismo a todo aquel que haya adquirido el correspondiente título académico. Nos oponemos a esta limitación con base al artículo 37 de nuestra Constitución Nacional que consagra el derecho de libre expresión sin ningún tipo de limitación.
No podemos pretender, en una sociedad que anhele ser libre, que solamente un grupo de ciudadanos, cualesquiera que sean sus aptitudes, se abroguen la facultad exclusiva de la investigación y transmisión del pensamiento, porque eso es lo que es el periodismo: la comunicación humana, la transmisión de conocimientos, apreciaciones, ideas, intenciones, etc. Cualquiera restricción que se pretenda hacer a esta facultad del hombre es violatoria a nuestra Constitución Nacional.
Además de ello, hay un derecho primario, cual es el derecho natural: aquel derecho que lo confiere la condición humana y que existe independientemente de si es o no reconocido por el derecho vigente o positivo. Y es este derecho el que casualmente concede al hombre, por su propia naturaleza, el derecho de informar y ser informado. Inspirados en el reconocimiento de este derecho la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789, establece que "la libre comunicación de opiniones es uno de los derechos más preciosos en el hombre y que todo ciudadano podrá hablar, imprimir libremente, salvo su responsabilidad por el abuso de esta libertad en el caso determinado por la ley".
El candidato a la Presidencia de la República, el Ingeniero Alberto Vallarino, ha recogido para conocimiento y beneficio de la ciudadanía esta necesidad y la ha dejado plasmada en su programa de gobierno, consciente de que no se trata de concesiones sino de derechos inalienables del hombre y, como tal, no admite más restricciones que la responsabilidad que de su mal ejercicio pueda derivarse. Además de la derogación de las leyes mordaza y otras medidas que restrinjan o limiten la libertad de expresión, ha anunciado, a diferencia de los otros mandatarios, que apoyará el reconocimiento de la idoneidad de los comunicadores sociales por parte de las universidades y al margen del Organo Ejecutivo, -no más el control de las organizaciones gremiales por cuenta del Estado-, así como el reconocimiento de la equivalencia en base a la experiencia y a la ley que se adopte. Es decir, bajo ningún concepto, se entenderá el derecho a la comunicación como una actividad elitista ni se impondrán limitaciones a su ejercicio.
2º DE LA CONSTITUCION NACIONAL
La Constitución de un país, nos decía el ilustre y destacado jurista y ex miembro de la Honorable Corte Suprema de Justicia, el Dr. Camilo Pérez, fallecido en circunstancias no muy claras, viene a ser el conjunto de normas jurídicas fundamentales, la ley suprema del Estado, que reconoce derechos e impone deberes tanto al gobierno como al pueblo, tanto a los gobernantes como a los gobernados. Se trata, fundamentalmente, de excluir la idea de los gobiernos absolutistas.
Substituye el gobierno personal y arbitrario por el legal y limitado y como dicen los norteamericanos, establece un gobierno de leyes y no de hombres.
El candidato a la Presidencia de la República, el Ing. Alberto Vallarino, ha anunciado en su programa o plan de gobierno que promoverá "la redacción de una Constitución Nacional, coherente con las necesidades y proyecciones de un Estado moderno, subsidiario y solidario y que para tal efecto nombrará una comisión amplia y representativa que surja como resultado de un gran encuentro nacional convocado para debatir el tema". Estimamos que es imperioso que Panamá cuente con una nueva Constitución Política pues la que tenemos obedece a la dictadura militar que nos subyugó por más de 21 años.
No se trata pues de una modificación a la actual Constitución, sino una totalmente nueva y entre otras cosas el candidato a la Presidencia de la República, Alberto Vallarino, ha anunciado que favorecerá los cambios constitucionales que permitan al Organo Legislativo contar con un 15% de legisladores nacionales y que le permita a los ex presidentes y exvicepresidentes de la República, que hayan sido democráticamente electos, participar en el Organo Legislativo con sólo derecho a voz y en forma honoraria, para aprovechar su experiencia. También favorecerá los cambios constitucionales que "hagan posible reducir el número de legisladores ( por ejemplo, aumentando el número de habitantes que integran un circuito electoral), limitar a una las vice- presidencias de la República, las suplencias por legislador, representantes de corregimiento y las vice-alcaldías".
En lo personal somos partidarios de éstos y otros cambios tales como que el presupuesto nacional debe ser debatido y modificado en el pleno del Organo Legislativo; que todos los viajes del Presidente al exterior deben contar con la autorización y la aprobación del Organo Legislativo que deberá expedir la correspondiente partida para sufragar los gastos, una vez conocida la agenda de trabajo y la comitiva del Primer Mandatario; la autorización por el pleno del Organo Legislativo de los empréstitos a la Nación por más de cinco millones de dólares; que el incremento de los salarios de los funcionarios públicos sólo rigen para el próximo período presidencial; estipular a nivel constitucional, la restauración de la Oficina de Regulación de Precios y la supresión de la política de libre oferta y demanda, que la experiencia ha demostrado ha sido un fracaso, para los productos alimenticios de primera necesidad dado a los monopolios existentes; etc.