Ese aspecto de la autonomía tiene su correlato en la gobernanza interna, muy señaladamente en el gobierno de las universidades, que son todas “formalmente” democráticas, pero en los hechos están gobernadas con diversos modos de corporativismo, donde el rector es un pequeño presidente de la República.
Va siendo hora de tener un Plan Prospectivo del sistema de universidades públicas y que igualmente determine sus líneas de desarrollo torales. Foto: EFE.
La lógica de intervención flagrante del Estado sobre las universidades no ha podido ser rota. Peor aún se ha perfeccionado a un grado tal que se da como cosa normal. Hoy por hoy, las universidades exhiben grados diversos de calidad, en gran medida dictadas por estas distorsiones presupuestarias y de gestión (en todas, entre el 80% y 90% de los presupuestos en para pagar planilla, en especial, gasto docente).
Igualmente, la lógica economicista del MEF ha hecho que en promedio, las matrículas de las universidades sea muy diferenciada, desde una media de $40 por semestre en UP y UTP y UNACHI, hasta $250 por semestre en Udelas. No hay fundamento científico para ello. Igualmente, en un proceso nada transparente y muy arbitrario, se decidan los montos de los presupuesto sanuales, que en promedio el MEF aprueba con recortes que superan al 50% de lo solicitado por las casas de estudio.
Hasta donde sé, el MEF carece de las competencias técnicas en esta materia, donde se evalúan por igual proyectos de carretera que proyectos académicos. Las vistas presupuestarias son “un saludo a la bandera”, pues luego de observaciones banales y elogios puntuales, todo queda en manos del omnipotente MEF.
Hasta donde sé, ningún consejo experto en temas de Economía de la Educación o en Planificación Académica, asesora y decide esta delicada materia. Y lo que es peor: se discute universidad por universidad, año por año, en lugar de un presupuesto integral “del sistema de universidades públicas” y con una base científica plurianual (de al menos 5 años).
Va siendo hora de tener un Plan Prospectivo del sistema de universidades públicas (que concentran casi el 65% de los estudiantes y docentes de este nivel en todo el país) y que igualmente determine sus líneas de desarrollo torales.
Su ausencia es un escándalo público. (Hasta donde se sabe, los rectores y rectoras se han mostrado poco dispuestos a una discusión abierta, pública y franca de estos asuntos capitales para el futuro de la sociedad del conocimiento en Panamá escudándose en una acepción parroquial de la autonomía universitaria)
Ese aspecto de la autonomía (denominado autonomía externa o hacia el exterior) tiene su correlato en la gobernanza interna, muy señaladamente en el gobierno de las universidades, que son todas “formalmente” democráticas y se dicen herederas de la reforma de Córdoba (cogobierno y profunda vinculación social), pero en los hechos están gobernadas con diversos modos de corporativismo, donde el rector es, pari passu, un pequeño presidente de la República.
Rectorialismo universitario y presidencialismo nacional evidencian que las universidades públicas son el reflejo casi perfecto de los defectos y virtudes de la sociedad, en especial de lo primero). Caso extremo: la nueva Ley de Udelas indica –en un sorprendente artículo que todas las autoridades personales de Udelas (incluidas Decanos de Facultad son designadas (no electas) por el Rector.
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Eso es gravísimo y debe ser corregido o paliado mediante el Estatuto. (La mayor tara de la nueva Ley de Udelas es esa y parece que nadie observó sus consecuencias en su discusión en la Asamblea ni en el Palacio de las Garzas donde se engavetó por meses, para evitar que una institución pública sea manejada casi como una corporación privada).
En esta materia, el nuevo estatuto de Udelas da paso a la reorganización de la alta administración con la creación de varias vicerrectorías a fin de hacer más eficiente el manejo de la compleja trama de las funciones clásicas de una universidad (docencia-formación, extensión e investigación) como de necesidades de actores internos (administración, vida estudiantil, etc)
Esto se justifica ampliamente por qué Udelas pasó en las últimas décadas, de ser una universidad de mil estudiantes a una de casi 12 mil; de contar con una facultad, a cuatro, y un rico proceso de creación de carreras altamente pertinentes y de anclaje en la realidad nacional.
De esta suerte, la Udelas es la universidad pública con más carreras del sector salud de todo el país (casi 40 ofertas). Obviamente se deberá ser prudente, pues un vicerrector ganaría alrededor de $5,000 mensuales (es la media nacional), y eso crea apetencias y presiones internas propias del corporativismo, que el nuevo Estatuto debe contrarrestar mediante pesos y contrapesos en las decisiones de las autoridades unipersonales, incluso antes de que este nuevo Estatuto sea aprobado.
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De otra manera los órganos colegiados internos (Consejo Académico y Consejo Administrativo) van a depender del humor o inteligencia de quien los dirige.
En materia de gobierno el nuevo estatuto es un tanto ambiguo: por un lado permite que las Extensiones Universitarias (sus unidades regionales) organizadas en Juntas de Extensión, puedan elegir, vía ternas propuestas al rector (leáse esto así mismo) a su directores, pero no así las Facultades de Docencia, cuyas cabezas –los Decanos- son designadas en Udelas por el Rector en órganos donde la mayoría son así mismo de miembros designados, directa o indirectamente por el rector.
A mi juicio este déficit democrático será uno de los retos mayores de lo que apruebe finalmente el Consejo Superior Universitario (CSU) antes de fin de año y lo que ellos realmente deben modificar si se desea profundizar la gestión democrática de la universidad. En suma, mandatar que los Decanos de Docencia, surjan de elecciones democráticas directas o indirectas, vía las Juntas de Facultad. Por eso hemos recomendado la reforma del Proyecto de Estatuto vía eliminar esta potestad al Consejo Académico y entregarla a las Juntas de Facultad. Esto sí sería una verdadera revolución democrática.
Docente y gestor universitario.
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