Educación, justicia y democracia

Hoy día, en Panamá, hay un clamor popular por una buena administración de la justicia.

Esto no es solo un concepto inherente al de la democracia en la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que constituye el basamento sobre el cual descansan todas las decisiones del aparato institucional, desde el más alto nivel de decisión en los tres Poderes del Estado, hasta el más regular nivel operativo de los espacios de la administración pública.

Uno de los principios constitucionales más relevantes para garantizar la conservación de la justicia en un ambiente democrático es el relativo a la separación de poderes.

La Constitución vigente establece, en su artículo 2, que los tres Poderes del Estado “actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración”.

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En este escenario, tiene el Poder Judicial la tarea de garantizar la plena vigencia del orden constitucional, pero también el orden jurídico nacional, no solo a través de la impartición de justicia, sino también de una de las tareas, quizá menos visibles de su mandato: la interpretación de la ley, es decir, el establecimiento de los criterios de interpretación de todo el orden jurídico nacional, y del establecimiento de tesis y el marco jurisprudencial que rige en el sistema judicial.

Es por esto que el mandato del Órgano Judicial cobra una dimensión mayor en un país en el que reina, cohabitando con la corrupción, una impunidad rampante, que ha hecho de uno de los bienes sociales más preciados, la justicia, un “artículo de lujo” accesible de manera mayoritaria para quienes tienen recursos para pagarla.

Esto nos crea un gran reto.

Las víctimas de la injusticia se cuentan en cifras significativas.

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Lo peor es que muchas de las víctimas no tienen acceso a la reparación del daño por falta de recursos para exigir tales indemnizaciones.

Llama la atención que estas víctimas tienen, en su mayoría, poco nivel de educación, por lo que no conocen sus derechos y como defenderlos.

Sin educación hay poco acceso a la justicia.

Esos problemas provocan que nuestra democracia vaya perdiendo respaldo ciudadano mayoritario, pues no es exagerado decir que estos elementos son, en buena medida, factores que causan malestar ciudadano respecto del régimen democrático que intentamos promover.

Una democracia sin justicia es insostenible.

De hecho, lo que hace a la democracia ser lo que es está sustentado en que todos los panameños somos formal y realmente iguales ante la ley nacional, y que la justicia es la primera garantía para toda la ciudadanía, y que la fuerza del Estado para hacerla valer se aplicaría siempre y en todo momento de manera independiente y no solo “ciega”, sino ante todo, con sabiduría.
Ingeniero