Educación superior, ciencia, tecnologías e innovación

Las universidades parecen más preocupadas de los ranking de imposible escalamiento para llegar a la posición centésima, que de ser pertinentes a las necesidades del país. Foto: Archivo.

El proto plan de Gobierno de la Alianza PRD-Molirena organizó la agenda de gobierno en cinco grandes secciones a las que llamó 4 pilares y una estrella, acudiendo a una metáfora que hace de la acción educativa la guía que debe alumbrar las otras columnas de lo que pomposamente se ha llamado la reconstrucción del Estado panameño, con 125 acciones "prioritarias".

Veremos si el gap del presupuesto público –aún por determinar- permite afrontar por lo menos 70 de tales prioridades.

En no pocos casos, una parte no desdeñable de esos compromisos será la creación de nuevas entidades, elevando algunas entidades a la categoría de ministerios (caso de Cultura y Mujer) y en otras, las más, se acrecentará la burocracia con nuevas "Autoridades" que en la práctica son como pequeños ministerios.

No parece mal elevar el perfil de algunos temas –como Cultura, eterna cenicienta-, pero se corre el riesgo de tener una basílica con cien capillas, y ya conocemos la mentalidad de feudo que tales capillas suelen generar dependiendo de la personalidad del capellán, amén de la multiplicación de personal secretarial, choferes, y los manzanillos que usualmente acarrean.

En suma, la plata se va en planilla de administrativos y queda poco para inversión en las tareas sustantivas.

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El remedio parece estar en otra vía: entes de coordinación fuerte, con agendas concretas de trabajo y que respondan a una directriz programática necesariamente multi-ministerial y multi-agencial (temas como agua, desechos sólidos, derechos sociales son buenos ejemplos).

Algo que sorprende es que no se haya dado el paso de crear un Ministerio de Educación Superior que lo sea también de Ciencias, Tecnologías e Innovación. Así paliaríamos la caótica situación de las universidades públicas, que duplican ofertas y crean sedes con distancia de pocos kilómetros entre ellas, y sin presupuesto para equipar y dotar de recursos tecnológicos esas sedes regionales, entrando en una disputa solapada a ver quién se queda con un presupuesto que finalmente se otorga al que o amaga, pelea o se alinea mejor con el Ejecutivo de turno.

Esa es la triste realidad de los últimos 30 años.

Y si no esa vía, que gusta a pocos, un ente de ley que obligue a coordinar la educación superior oficial entre sus rectores y directores de planificación, y que tenga como contraparte un Mef, ígnaro de tales temas, sino una agencia intergubernamental que agrupe Senacyt, la Agencia de Innovación Gubernamental y el Consejo Interministerial de Ciencias y Tecnologías (ciencias sociales incluidas).

Las universidades oficiales tienen cientos de convenios con universidades foráneas (poco operativos los más, la realidad sea dicha) pero muy pocos para compartir personal, recursos, y titulaciones conjuntas.

La Contraloría ha hecho de la cooperación académica interna o foránea un vía crucis intransitable.

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Igualmente las universidades parecen más preocupadas de los ranking de imposible escalamiento para llegar a la posición centésima, que de ser pertinentes a las necesidades del país.

Mansamente están siendo conducidas a gerenciarse con mentalidad mercantil en sus ofertas de postgrado (vacas lecheras que suplen los escuálidos presupuestos que manipula el Mef).

En suma, en lugar de un claro plan de acción por la Educación Superior como derecho universal y bien público social, nos deslizamos por la pendiente economicista de la administración de la escasez perenne.

Por ello necesitamos a gritos una Ley de Educación Superior que ordene la casa, establezca reglas claras para los temas estratégicos y nos haga trabajar como lo que somos: universidades y no escuelones que vienen a completar la formación deficiente que nos entrega un Meduca que hasta ahora es un ogro filantrópico incapaz de hacer por la educación pre-escolar, básica y media lo que tiene que hacer: preparar alumnos con competencias del siglo XXI.

Si consideramos que una parte no desdeñable de la investigación y producción de patentes del país la hacen un par de universidades públicas y que igualmente se ha empezando a publicar para dar visibilidad a nuestros magros productos académicos, lo natural sería que siendo que la investigación es la tarea principal de la universidad contemporánea, (al menos en su sistema de postgrado) una refundada Senacyt con músculo financiero y gestión apropiada sea el ente que planifique y coordine nuevos temas de educación superior, su planeación estratégica, le dé seguimiento y lo haga por mandato de Ley.

Docente universitario.