El caso de Rogelio Alba

La opinión pública ve con simpatías la forma como la Asamblea Nacional y el Ministerio Público parecen ponerse de acuerdo para adelantar diligencias que posibiliten un juicio contra el parlamentario Rogelio Alba.
Ha pasado más de un año desde que el gobierno que prometió cero corrupción, y la propia Procuraduría General de la Nación, hablaran de resolver casos de alto perfil, que aún permanecen sin solución.
No se puede negar que el caso de Alba es de reciente data, en comparación con los otros cuya solución se prometió durante y posteriormente a la campaña electoral.
Para cualquier gobierno resolver un ilícito como el que parece haber realizado el diputado Alba deviene en una medida aleccionadora, que puede servir como advertencia para aquellos que puedan estar en una circunstancia similar. Pero, ¿qué impide que la misma rapidez con que se ha atendido el caso Alba, se aplique a otros hechos tan relevantes como éste? Por ejemplo, la opinión pública sigue impactada con la imagen del diputado Afú en la legislatura pasada exhibiendo por la televisión un fajo de billetes producto de un soborno masivo de parlamentarios. Esa era una buena "prueba sumaria", sin embargo, nada ha pasado al respecto, salvo la decisión de la Corte Suprema de Justicia de archivar el expediente por razones formales. Peor todavía, el mismo diputado ha salido, recientemente, a precisar que tiene más cosas que decir y las autoridades parecen acobardadas.
Nadie le negará un aplauso a las autoridades si, tras las investigaciones y el debido proceso, logran condenar a Alba. Hay ciertos lujos que un "padre de la Patria" no se puede dar, pero... ¿por qué otros sí?