El contrato inconstitucional que desnudó realidad política

La reciente decisión de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional el contrato entre Minera Panamá y el Estado, revela una problemática más profunda en la gestión gubernamental encabezada por Nito Cortizo y Gaby Carrizo. Este fallo es un llamado de atención contundente sobre la calidad de las decisiones que impulsaron y cómo estas afectan directamente a la población. Aunque la Corte ha señalado irregularidades, es desconcertante que el presidente no haya expresado disculpas al pueblo por respaldar un contrato que ahora se revela como un riesgo para el país y que violaba alrededor de 25 artículos de la constitución.

La aprobación relámpago del contrato, en complicidad con los diputados, quienes lo ratificaron en tiempo récord, destaca una de las principales fallas del sistema político. Este tipo de procedimientos exprés reflejan una falta de transparencia y rendición de cuentas, creando un caldo de cultivo para posibles irregularidades que afectan los intereses colectivos. En este caso, la vinculación entre los diputados y la aprobación del contrato genera preguntas incómodas sobre la integridad y la independencia del órgano legislativo.

Resulta igualmente preocupante la falta de asunción de responsabilidad por parte del presidente y su equipo. Aunque salió a declarar que acataría el fallo de la Corte, la omisión de una disculpa al pueblo resalta la necesidad de una autocrítica honesta. Este episodio deja entrever cómo se impulsó un acuerdo en condiciones que ahora la Corte considera inconstitucionales, lo que resalta la irresponsabilidad al no tomar decisiones más cuidadosas y responsables por parte del Gobierno.

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La salida de varios diputados del país en plena crisis añade un matiz adicional a la desconexión entre la clase política y las necesidades reales de la población. Este comportamiento irresponsable durante un momento crítico refuerza la percepción de que algunos diputados están más preocupados por sus propios intereses que por el bienestar del país.

En esta nueva etapa, surge la crucial interrogante de cómo aquellos que defendieron a capa y espada el cuestionado contrato, aspiran a seguir representando a la ciudadanía. La confianza en estos representantes se ha erosionado, y es responsabilidad de la ciudadanía demandar respuestas y tomar acciones concretas que corrijan el rumbo en las próximas elecciones. Este episodio solo deja más claro que se requiere un cambio significativo en quienes nos representan en la Asamblea Nacional, y en quienes han demostrado una lealtad cuestionable hacia los intereses del país. La transparencia, la responsabilidad y la autenticidad son imperativas para restaurar la confianza del pueblo y aparentemente solo se logrará a través de una renovación total de la Asamblea.