El "español" de las leyes y el Babel panameño

A pocas semanas del inicio del año escolar, y a pesar de los grandes cambios que está haciendo y contempla hacer el nuevo, no ha habido ninguna noticia sobre reformas de currículos ni sobre paliativos o remedios aplicables al terrible deterioro que ha venido produciéndose en el habla de la población de Panamá.
En la década del 60, al tiempo de la "siembra de escuelas" de la Alianza para el Progreso, se eliminaron algunos cursos que son indispensables para que el niño, en los años en que debe desarrollarse la facultad del lenguaje, puedan adquirir un conocimiento aceptable del español gramatical.
Después, a lo largo de los años de la dictadura militar, las reformas fueron ampliándose hasta el punto de llegar a formar dos generaciones (incluyendo maestros) que ignoran incluso los más sencillos rudimentos de la expresión racional.
En los últimos años, la calidad del español de los textos escolares ha ido haciéndose realmente alarmante, y hasta llegó a hacerse ley el disparate del llamado lenguaje con perspectiva de género, que violenta tanto las reglas desde la primera gramática de 1492 hasta las últimas de gramáticos hispanoamericanos y españoles en relación con la formación de los plurales.
Nadie parece alarmarse y hasta hay muchas personas serias que soslayan el problema escudándose en el argumento de que las lenguas cambian. No obstante, cuando el habla de un pueblo se aleja de las formas lógicas, de las estructuras formales, la capacidad de razonar se deteriora igualmente, y la capacidad de entenderse se va perdiendo.
Ahora bien, últimamente se han aprobado leyes de gran trascendencia y se han anunciado otras que pueden cambiar hasta la estratificación misma de nuestra sociedad, y modificar componentes esenciales del desarrollo económico, pero esa legislación está llena de errores gramaticales, de traducciones arbitrarias de formas internas y neologismos del inglés de Estados Unidos o de un inglés típico de economistas e instituciones internacionales que hace tiempo se divorciaron del legado de Shakespeare.
Nadie, al parecer, ha pensado que, a la postre, los impuestos los decida el que los cobra y los delitos el que los debe castigar sin que importe el texto legal porque no se entiende.