El seguro social y la política del terror

A partir de las recientes declaraciones del actual director de la Caja de Seguro Social (CSS) los sectores económicamente dominantes del país han venido desarrollando una campaña mediática, la que, centrada básicamente en el diario La Prensa, tiene como objetivo crear confusión, desasosiego y temor entre la población, a fin de que acepten las duras políticas paramétricas propuestas por los mismos y el Fondo Monetario Internacional.

Se trata, por ejemplo, de señalar que ya se han tenido que utilizar $276 millones de las reservas del fondo del subprograma de beneficio definido (solidario) para pagar las pensiones de quienes quedaron en el mismo.

Desafortunadamente, ni el director de la CSS, ni los gremios empresariales y mucho menos el diario La Prensa han sido capaces de explicar el origen de este problema.

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La Ley 51 del 27 de diciembre de 2005, introducida en el gobierno de Martín Torrijos, en momentos en que el actual presidente era ministro de Desarrollo Agropecuario y el actual titular de Economía y Finanzas era viceministro de esa cartera, generó una ruptura en la cadena de solidaridad intergeneracional.

En efecto, la misma creó el subsistema mixto (básicamente de cuentas individuales), en el que obligatoriamente tienen que inscribirse todos aquellos que han empezado a trabajar a partir del 2008, a la vez que en su artículo 157 señalaba que "los fondos de cada subsistema no podrá ser empleado para cubrir los gastos del otro subsistema…"

En estas condiciones, los asegurados que quedaron en el antiguo sistema solidario (beneficio definido) se convirtieron en lo que se conoce como un grupo cerrado, es decir al que no entra ningún nuevo cotizante, pero en el que la edad va avanzando, generando nuevos pensionados.

Esto significa que toda una generación (cohorte) que ahora cotiza para que existan fondos para pagar a los que hoy están jubilados, no tendrá detrás de ella otra generación de apoyo que cotice para que ellos reciban su pensión.

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En estas condiciones es evidente que tarde o temprano se tendrían que usar las reservas de este subsistema hasta que las mismas se agotaran.

En pocas palabras los gobernantes de la época y los sectores económicamente dominantes decidieron acabar con el sistema solidario y cargarle el costo a los propios asegurados.

En los debates del año 2005, se le advirtió tanto a los sectores económicamente dominantes como al gobierno de turno que eso tendría que ocurrir, que estaban creando lo que se conoce como un costo de transición entre sistemas, que no era correcto destruir el sistema solidario y de hacerlo el Estado debería responder por los pensionados que quedarían atrapados en el sistema solidario.

Los mismos prestaron oídos sordos.

Es evidente que la actual situación no existiría si se le hubiera permitido que el sistema solidario aprovechara el boom económico que se dio en el país.

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Entre el 2005 y el 2017, el número de trabajadores cotizantes se elevó en 504,793 personas (68.7%), sin embargo, la mayoría, por razones de la Ley 51, fue a parar al sistema mixto (cuentas individuales).

Por su parte en el mismo período los salarios totales, fuente básica de las cuotas de la seguridad social, se elevaron en 142.7%, pero gran parte de las nuevas cuotas, dada la Ley en referencia, fueron a parar al régimen de cuentas individuales.

A esto se debería agregar la irresponsabilidad de los empresarios morosos, con deudas con el seguro social por $295.0 millones, así como de los que han evadido la inscripción de 101,084 trabajadores de las empresas formales.

La explicación de los hechos permite establecer que tanto la posición de los sectores dominantes como de los medios que le sirven de caja de resonancia es simplemente falsa.

Economista.