El Tribunal de Cuentas y la necesidad de transparencia

La reciente polémica decisión del Tribunal de Cuentas en torno a las compensaciones millonarias a exfuncionarios, plantea una serie de interrogantes que no podemos pasar por alto. En un país donde la confianza en las instituciones está en constante juego, estas decisiones solo logran alimentar la desconfianza de la ciudadanía en las estructuras del poder. No es solo una cuestión de números, sino de principios, y la sensación generalizada es que las decisiones que se toman en estos casos no reflejan el compromiso con la transparencia y la justicia que el pueblo panameño demanda.

Es cierto que el Tribunal de Cuentas tiene la función de velar por la correcta administración de los recursos públicos, pero cuando se permiten compensaciones millonarias a figuras que no han demostrado un impacto positivo en el desarrollo de políticas públicas, sino que es una clara muestra del juega vivo, las señales enviadas son alarmantes. Nos encontramos frente a un ciclo repetido donde, en lugar de poner fin a los excesos de los abusos, se sigue permitiendo que el dinero del Estado termine en manos equivocadas, mientras los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, luchan por acceder a lo más básico.

Es hora de que nuestros órganos de control actúen con la firmeza que nos merecemos. No podemos permitir que los recursos que deberían ser invertidos en programas sociales o en áreas críticas como salud y educación se desvíen hacia compensaciones que sencillamente no se justifican. Estos casos no solo evidencian una falta de criterio, sino que también dejan una puerta abierta a que en el futuro se repitan situaciones similares, erosionando aún más la confianza en el sistema.

La decisión del Tribunal de Cuentas no puede pasar desapercibida por una mera justificación legal. Si realmente aspiramos a un país con un gobierno honesto, debemos ser más estrictos con aquellos que manejan los recursos del Estado. Los ciudadanos exigimos que los fondos públicos se destinen a mejorar la calidad de vida de todos, no para engrosar las cuentas de unos cuantos juega vivos. Es necesario que existan mecanismos más rigurosos de fiscalización, que impidan que la corrupción continúe infiltrándose en la administración pública.

Todos debemos empezar a entender que la transparencia no es negociable. Como sociedad, debemos seguir luchando por una administración pública que realmente sirva al pueblo, que garantice que los recursos se usen adecuadamente y que no se repitan decisiones que atentan contra la moral y la justicia.

Es momento de que aprendamos de los errores del pasado, en lugar de seguir blindando a los que se benefician del sistema a costa de todos. Debemos exigir, con firmeza y sin titubeos, que se reestablezca el principio de que los recursos públicos son, ante todo, para el bienestar colectivo. Solo así podremos comenzar a sanar las heridas de la desconfianza que tantas veces nos han dejado decisiones como la que hoy estamos analizando.