Entre el endeudamiento y las obras

Cuando el Gobierno anuncia que manejará más de treinta y cinco mil millones de dólares en su nuevo presupuesto, la cifra parece ajena a la realidad cotidiana. Sin embargo, la administración de las finanzas públicas responde a la misma lógica que cualquier economía familiar: depende de cuánto dinero ingresa a la caja, cuántas deudas hay que saldar y en qué se distribuye el gasto del mes. 

La mayor parte del dinero que financiará al país provendrá de los impuestos que pagan los ciudadanos y de los aportes de las empresas estatales. El Canal de Panamá se mantiene como el gran motor económico al aportar más de tres mil trescientos millones de dólares, mientras que la recaudación tributaria sumará otra porción determinante.

A pesar de estos ingresos, la caja sigue siendo insuficiente y el Estado tendrá que recurrir nuevamente al endeudamiento por más de seis mil trescientos millones para cubrir el saldo pendiente. El verdadero obstáculo del presupuesto radica en la rigidez de sus compromisos operativos preexistentes.

El funcionamiento de la estructura estatal absorberá casi ocho mil millones de dólares en servicios personales, un monto condicionado por leyes especiales de ajuste automático que restan flexibilidad a la gestión pública.

A este costo operativo se suma el cumplimiento con los acreedores, donde más de cinco mil cuatrocientos millones de dólares se destinarán únicamente al servicio de la deuda y al pago de intereses acumulados.  Panamá no puede permitirse seguir postergando la modernización del gasto público mientras compromete sus recursos en compromisos inflexibles y en el costo del endeudamiento.

Destinar doce mil millones a inversión suena prometedor, pero si no hay una fiscalización estricta sobre cada centavo, el país terminará reduciendo su margen de maniobra para los años venideros. El presupuesto no es un cheque en blanco; es el dinero de todos los panameños y exige cuentas claras, eficiencia y resultados inmediatos.