Facilitadores judiciales impulsan derechos humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aquella carta magna firmada en 1948 sigue vigente en los ideales de los ciudadanos responsables del mundo. Sesenta y ocho años después es importante recordar que toda persona tiene las libertades establecidas en esta epístola sin distinción de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, nacionalidad o posición económica.

El tiempo ha transcurrido desde la proclamación de esta Declaración y el calendario nos recuerda nuevos desafíos y retos para lograr una meta común: el respeto a cabalidad de los derechos humanos.

Meritorio que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sea precisamente el fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Para que una agenda de desarrollo sostenible se lleve a cabo es indispensable la cooperación entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Una visión compartida genera progreso en las empresas, el compromiso de pertenecer a una nación pujante y la responsabilidad de sus ciudadanos.

Precisamente en Panamá opera desde hace ocho años el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios, una alianza establecida entre representantes de la Corte Suprema de Justicia y la Organización de los Estados Americanos que tiene como meta el acceso a la justicia de las personas en estado de vulnerabilidad.

En el centro de este programa realizan una labor ejemplar sus protagonistas: los facilitadores judiciales, hombres y mujeres seleccionados por su comunidad y supervisados por el Juez Municipal. Su labor representa el deseo de superación personal y una entrega voluntaria loable.

Esta vocación de servicio que llevan a cabo los 1,247 facilitadores judiciales panameños, la realizan sin alterar sus actividades económicas diarias debido a que en su tiempo libre atienden en su residencia o en áreas sociales de su comunidad.

Para Itzel Rodríguez, Facilitadora Judicial del corregimiento de Burunga en el distrito de Arraiján es un honor servir a sus vecinos a través de las charlas, orientaciones y mediaciones que lleva a cabo.

“Es una labor en donde practicamos el respeto hacia los derechos humanos de todos los miembros de la comunidad, debido a que les permite a las partes involucradas en algún conflicto exponer sus puntos de vista, hacerlos reflexionar sobre posibles soluciones y buscar el bien común”, declara la facilitadora Rodríguez.

Las estadísticas son halagadoras en Panamá. En un programa que abarca el territorio nacional observamos que los facilitadores han atendido en los primeros ocho meses de este año 15,228 orientaciones, 8681 acompañamientos, 2,685 mediaciones y han remitido 6,466 casos a las autoridades competentes. Cifras impactantes para una labor voluntaria realizada por panameños que ofrecen un acompañamiento que representa ahorro de tiempo y recursos.

Imelda Amador, Gerente de País del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la OEA señala que la labor de los facilitadores judiciales promueve la participación ciudadana en la resolución de sus propios conflictos y facilita el acceso a la justicia a ciudadanos de escasos recursos.

Periodista