La “Ley Zanahoria” y la justicia en Panamá

Las características delictuales de los panameños reflejan que los crímenes e infracciones donde interviene la violencia se asocian con el consumo de bebidas alcohólicas. Los delitos se disparan los fines de semana ya que sus actores bajo los efectos del licor distorsionan o limitan sus capacidades físicas y psíquicas.

Durante el 2010 la industria licorera nacional fabricó 496 millones de pintas de cervezas y 17 millones de botellas de otros tipos de bebidas (ron, seco, whisky, etc.); para cada persona mayor de 18 años se “produjo” 217 pintas y 7 botellas de licor como producción per cápita anual. Igualmente las empresas dedicadas a las actividades de restaurantes, bares y cantinas aportaron 1.4 millones de balboas diarios a la economía del país.

El concepto de justicia de este tipo de reglamentaciones implica juicios de valor subjetivos sobre cuales son nuestros derechos y deberes.. Decía el jurista romano Ulpiano "La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar o conceder a cada uno su derecho”.

El Estado, los empresarios y consumidores son participes del problema que plantean factores importantes a considerar. La acción tutelar del Estado, la libertad de ejercer actividades comerciales y la autodeterminación de los consumidores entran en conflicto con estas reglamentaciones.

Recomendamos que se elabore una Ley que de respuesta integral y definitiva mediante el establecimiento de las bases y modalidades que regularan la operación, funcionamiento ubicación y horario de los establecimientos destinados al almacenamiento, distribución, venta y consumo.

El ámbito de la ley comprenderá todas las empresas que vendan bebidas alcohólicas, incluyendo supermercados, clubes nocturnos, discotecas, restaurantes, bares en hoteles, casinos, casas distribuidoras, etc. Los horarios de inicio y suspensión de la venta de licores dependerá del día y tipo de negocio. Dejando a las alcaldías la determinación de los días festivos y feriados con horario especial.

Una ley de aplicación nacional eliminaría la discrecionalidad de los alcaldes y las existencia de múltiples decretos zanahorias. La supervisión de su cumplimiento podría ser financiada mediante el cobro “imperceptible” de un centésimo de balboa por cada pinta de cerveza y botella de licor elaborada, que para el año 2010 hubiese representado 5 millones de balboas.

La regulación mediante ley de la venta de bebidas alcohólicas y la consecuente reducción de la violencia con seguridad incorporaría nuevos clientes hoy autoexcluidos y por ende más ingresos al sector.

Estudiante de Derecho.