La pandemia y la indolencia gubernamental

Ya antes de la pandemia la situación de la fuerza laboral panameña era difícil.

Si se suma la parte de la población económicamente activa (PEA) que en agosto de 2019 se encontraba desocupada, en condiciones de informalidad en las actividades no agropecuarias, o como subocupados del sector agropecuario, se puede concluir que el 46.0% de los trabajadores y trabajadoras se hallaba en condiciones de precariedad laboral.

Se trata de un reflejo de un modelo de crecimiento que, pese a las altas tasas de expansión del producto interno bruto (PIB), no tiene la capacidad de generar el suficiente empleo decente como para responder a las necesidades de la población.

Se trata, además, de un modelo concentrante y excluyente que redujo la participación de los asalariados en el PIB del 32.0% en el 2007 a tan solo el 25.6% durante el 2017.

Esto significó que mientras que la productividad de trabajo se incrementó en 46.0%, en ese mismo período, los salarios medios reales solo lo hicieron en 24.1 %, concentrando el progreso económico en manos de los sectores económicamente dominantes del país.

Parte de estos resultados tienen que ver con el constante incumplimiento de las Leyes de protección social, lo que se evidencia en la presencia en agosto de 2019 de 93,221 asalariados de las empresas formales que tuvieron que ser clasificados como trabajadores informales, representando cerca del 12.0% de los asalariados de las empresas privadas.

La pandemia ha venido a agravar más la situación de precariedad de los trabajadores y las trabajadoras del país.

El hecho que se prevea, según la CEPAL, una caída del PIB real de 6.6% este año, lleva a pronosticar una elevación de la tasa de desocupación hasta el 20.0% de la PEA, lo que significaría un total de desempleo que afectaría, en base a un cálculo conservador, a no menos de 267,240 personas.

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De acuerdo con los cálculos oficiales, 1.5 millones de habitantes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

La respuesta del gobierno de turno, ante esta situación, se ha caracterizado por una especie de indolencia generalizada frente a la población.

Esto es claro si se tiene en cuenta que el "alivio oficial" se reduce (cuando llega) a tan solo $100.0 mensuales por familia, cifra que contrasta con el valor de la canasta básica alimenticia calculada por el MEF para enero de este año, la cual asciende a $305.90 para los distritos de Panamá y San Miguelito y a $280.10 para el resto del país.

La situación es peor si se tiene en cuenta que las canastas básicas completas son de $611.80 y $560.10, respectivamente.

Esta política gubernamental tiene varios significados.

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En primer lugar, se está atentando contra el derecho humano de la alimentación, elevando los niveles de pobreza crítica del país.

En segundo lugar, se está dañando el normal mantenimiento de la fuerza de trabajo.

En tercer lugar, se está debilitando las condiciones de la educación del país, teniendo en cuenta la vinculación entre la alimentación y el rendimiento escolar, así como con los ingresos necesarios para poder aprovechar efectivamente la educación virtual.

En cuarto lugar, es fundamental señalar que la falta de ingreso entre la población vulnerable la está empujando hacia la calle en búsqueda de ingresos, creando condiciones para la expansión de contagio con la COVID-19.

El hecho de que el gobierno podría llenar las necesidades alimenticias y sanitarias básicas de la población durante seis meses con un gasto equivalente al 1.4% del PIB, que apenas sería el 18.0% de los préstamos externos contratados, muestran claramente que la prioridad gubernamental no es, desgraciadamente, la población.

Su prioridad son los intereses de los sectores económicamente dominantes.

Economista.