Las Asociaciones Público – Privadas sí representan privatización

Durante el primer Consejo de Gabinete el ministro de Obras Públicas destacó que en la estrategia del nuevo Gobierno Nacional las Asociaciones Público - Privadas (APP) jugarán un papel central.

Según el funcionario, se trata de un esquema en el que "la empresa privada puede financiar y brindar mantenimiento a un determinado proyecto, mientras que el Estado pagaría un canon durante varios años por la disponibilidad de servicio u obra", negando que se trata de un mecanismo de privatización.

Para aclarar si esta última afirmación del ministro de Obras Públicas es acertada, resulta útil partir estableciendo el propio concepto de APP.

De acuerdo con el World Bank Group, "en líneas generales, una asociación pública – privada se refiere a un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública".

VEA TAMBIÉN: El atributo de la diplomacia pública

Esta definición coincide con la del Fondo Monetario Internacional, de acuerdo con la cual "la asociación pública – privada involucra la oferta de infraestructura y servicios que tradicionalmente han sido proveídos por el gobierno".

Lo que se destaca en ambas definiciones es que la utilización de la APP implica el traslado de funciones públicas al sector privado.

¿Se trata de una situación de privatización?

La respuesta es afirmativa si se tiene en cuenta la forma en que los economistas entienden el proceso de privatización.

En efecto, de acuerdo con el Diccionario de Economía Moderna del MIT, editado por David W. Pearce, privatización significa "la política de convertir en privada la propiedad pública de un activo o de permitir la realización de cierta actividad, previamente llevada a cabo por un departamento de una organización pública por parte de algún negocio privado".

VEA TAMBIÉN: El pecado original de la Constitución vigente

Se trata de una definición que coincide con la de Ramón Tamames y Santiago Gallego, quienes en su Diccionario de Economía y Finanzas proponen el siguiente concepto de privatización: "Transferencia de activos o servicios públicos desde el control del Estado y de otras autoridades al sector privado".

La misma idea ofrece Madsen Pirie en The Fortune Enciclopedia of Economics, al sostener que la privatización ha tomado diversas formas, "que van desde la venta pública de acciones previamente de propiedad estatal a los negocios privados hasta la utilización de empresas privadas para realizar trabajos del gobierno bajo contrato".

Joseph Stiglitz todavía es más explícito, sosteniendo que privatización es el "proceso por medio del cual funciones que previamente eran realizadas por el gobierno son delegadas en lugar de ello al sector privado".

De todo lo anterior queda claro que cuando se transfieren funciones realizadas por el Estado a la empresa privada, aún cuando no existe venta de activos, tal como es el caso de las APP, estamos frente a una situación de privatización.

Además, es evidente que la posición del ministro de Obras Públicas no solo es errónea, sino que introduce una importante distorsión en el necesario debate científico de un importante tema.

Economista