Los problemas del transporte colectivo

Resulta lamentable que el Gobierno actual haya desarrollado una gestión eficiente con el fin de reemplazar un sistema de transporte caduco, viejo, inseguro, incomodo, no digno para la ciudadanía, el cual implementaban los famosos “diablos rojos”; y que la empresa encargada de movilizar en nuevos buses a la población de la capital confronte en estos momentos una serie de dificultades.

Los “diablos rojos” eran el transporte colectivo para el usuario en la ciudad capital, a quienes la administración pasada intentó reemplazar por un sistema de transporte colectivo, integrado por vehículos totalmente nuevos, con aire acondicionado, el cual debía prestar un servicio digno, seguro y expedito a los ciudadanos que residen en la capital, pero no pudo hacerlo.

La idea era implementar un sistema nuevo, mediante una concesión administrativa que otorgara el Gobierno o una empresa privada. Entendíamos que la misma debía tener la experiencia necesaria para prestar un servicio de transporte colectivo eficiente, que llenara la expectativa de la comunidad panameña.

El reemplazo de los “diablos rojos” por buses colectivos nuevos no fue fácil lograrlo, pues la fuerza de los sindicatos inicialmente se opuso al proyecto. En administraciones pasadas existió la intención del referido reemplazo y el Gobierno falló en sus aspiraciones. La actual administración gubernamental demostró capacidad en la negociación con los dueños y organizaciones sindicales, y logró al fin la salida de los “diablos rojos” mediante una indemnización que se acordó otorgar a los propietarios de esos buses.

A pesar de la capacidad del Gobierno, la empresa concesionaria que debe dar el servicio colectivo del transporte público no ha podido resolver los problemas del transporte colectivo de pasajeros, lo que es constantemente expresado -ante los medios de comunicación social- por los usuarios del transporte.

Los pasajeros se quejan del nuevo sistema de transporte, denominado metrobús, señalando -entre otros problemas- que no existen los buses suficientes para atender eficientemente la demanda de usuarios que tienen que esperar largo tiempo para que el metrobús los recoja en la parada; no hay suficientes centros para recargar las tarjetas de pago, lo cual revela incapacidad de la empresa concesionaria, la cual no ha podido resolver los problemas que desde hace tiempo los usuarios manifiestan sobre este servicio.

El dilema de la frecuencia parece ser el inconveniente fundamental que no le ha resultado a la concesionaria. Sus técnicos en transporte no han podido hacer los estudios para determinar, en las diferentes rutas, qué cantidad de autobuses necesitan para cubrir la demanda de los usuarios en las diferentes horas del día; y de esta forma, el usuario cuente con un bus sin tener que esperar largas horas para que se pueda transportar sin retraso.

Esto requiere un estudio de frecuencia, que pareciera la empresa Mi Bus ha realizado, pues considero que este es el primer contratiempo que plantean los usuarios. Este inconveniente del transporte ha hecho crisis en la sociedad panameña. Eso ha provocado que los panameños señalen injustificadamente como responsable al gobierno de turno, cuando la única responsable es la empresa Mi Bus; que es la concesionaria y debe ser competente para prestar eficientemente el servicio colectivo de transporte público.

Por tal razón, recomendamos al gobierno que le llame la atención enérgicamente a la concesionaria, a fin de que resuelva el problema del transporte, pues de no resolver los desatinos del mismo y perduren los referidos problemas se agudizará la crisis del transporte público y la comunidad continuará responsabilizando al Gobierno que no “tiene vela”, como dice el refrán criollo, en este entierro.

Señor presidente, evite se le responsabilice de una situación en la cual usted no es responsable, llegó la hora sin más dilación de que la empresa concesionaria Mi Bus cumpla con su compromiso de implementar en forma efectiva un servicio de transporte público eficiente, que llene las expectativas de la ciudadanía panameña.