Los sectores dominantes y el fantasma del Gafi

La negativa de la Asamblea Nacional de discutir y aprobar el proyecto de ley 591, que declara delito penal la evasión fiscal, creó alarma entre los sectores dominantes del país. Foto: Víctor Arosemena/EPASA.

La reciente negativa de la Asamblea Nacional de discutir y aprobar el proyecto de ley 591, que declara delito penal la evasión fiscal, durante las sesiones extraordinarias de diciembre del año pasado, creó entre los sectores económicamente dominantes del país un ambiente de pánico y zozobra.

La razón de esta situación puede entenderse mejor si se toman en cuenta algunas de las posiciones de sus voceros oficiales y oficiosos.

De acuerdo con el anterior encargado del Ministerio de Economía y Finanzas, la indiferencia de la Asamblea nos costaría caro a todos los panameños, por lo que la actual ministra de ese ramo demandó que el Órgano Legislativo retomara el debate cuanto antes.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores insistió que se trataba de un problema vinculado con "el interés nacional", mientras que una candidata a la presidencia por la libre postulación utilizaba la muletilla de la pérdida de competitividad del país con respecto al exterior.

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No solo hubo voces de alarma desde el sector público.

Es así, por ejemplo, que desde la Asociación Bancaria se advertía que la inacción de la Asamblea Legislativa complicaría la situación crediticia del país, lo que "tendrá consecuencias funestas".

El presidente del Conep, por su parte, instó a que este órgano del Estado se comprometiera a retomar de manera prioritaria el tema una vez que se reanudaran sus sesiones extraordinarias el día 2 de enero de 2019.

Lo extraño es que ninguno de los voceros de los sectores dominantes llamó la atención sobre el hecho de que la evasión fiscal, como una clara forma de corrupción, afecta a toda la población, al igual que quienes comenten peculado con los fondos públicos.

Esto, desde luego hubiera sido un excelente argumento en favor de la idea de declarar delito la evasión fiscal.

De tomar esta posición incluso podría haber el endurecimiento del proyecto 591, ya que de acuerdo con este se puede evadir al fisco, afectando la salud, la educación y otros servicios públicos, siempre y cuando que el monto involucrado no llegue a $300,000.00.

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Aquellos que se rasgaron las vestiduras podrían haber alegado que, dada la importancia que tienen para el bienestar de la población la entrega de las cuotas de la seguridad social, también se debería declarar delito penal la evasión de la misma por parte de los empleadores.

Desde luego que pudieron, tomando en cuenta los intereses nacionales, llamar la atención sobre el carácter regresivo de todo el sistema tributario, el cual ha llevado a que los excedentes del Canal entregados al Gobierno central sirvan de manera muy significativa para que los más ricos solo tengan que enfrentar bajas tasas impositivas.

Es claro que en la última Nochebuena no fueron los fantasmas de Ebenzer Scrooge los que perturbaron a la clase económicamente dominante de Panamá.

A esta la asustó un único fantasma, el del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) que tiene la fuerza de amenazar sus intereses privados.

Los verdaderos intereses de la cada vez más sufrida población panameña obviamente no les preocupan ni les quitan el sueño.

Economista