Más apoyo a los productores nacionales

Las decisiones adoptadas por un gobierno no resultan inmutablemente obligatorias para el sucesor, sobre todo cuando se comprueba que los resultados son perjudiciales para la población del país. Al menos así ocurrió con la Ley de la ARI, de la Sala Quinta y con la Ley del Fondo Fiduciario para el Desarrollo que fueron reformadas e igual suerte puede correr la Ley 23 de Libre Comercio.
A principios del mes de Julio, los medios dieron a conocer supuesta presión que ejercieron el Ministro de Desarrollo Industrial y el grupo de asesores presidenciales, que condicionaron a la Asociación Nacional de Fabricantes de Embutidos Nacionales el otorgamiento de licencias de importación de productos agropecuarios a la compra de mil quinientos cerdos a la semana. Igual se comenta hicieron con la Asociación Nacional de Ganaderos a quienes les plantearon la necesidad de que adquirieran la producción nacional de leche si estaban interesados en importar productos lácteos y finalmente otro tanto hicieron con los representantes de la Asociación de Comerciantes de Víveres de Panamá (ACOVIPA), a quienes plantearon también que para la concesión de licencias de importación era menester que compraran la producción de los tomateros, arroceros, etc., nacionales.
Si tanta belleza es cierta, el Gobierno Nacional merece el apoyo de toda la ciudadanía, toda vez que a los importadores sólo les interesa la cantidad de billetes que ingresarán a sus cuentas bancarias en perjuicio de los productores nacionales, quienes después de mucho trabajo y riesgos sus cosechas, se ven impedidos colocar en el mercado local, ya que los productos importados, subvencionados muchas veces por los países exportadores, son de mejor calidad y menos costosos, gracias a una tecnología más avanzada contra la que no podemos competir.
A los importadores no les interesa el esfuerzo, desvelos, trabajo infrahumano y limitaciones de los productores nacionales. Se desea que los agricultores, el eslabón más frágil de la actividad económica del país, sean quienes subvencionen la canasta básica alimenticia. Esta política criminal de la globalización lo único que ha traído como consecuencia es la ruina de los que trabajan el agro con la complicidad de los importadores, quienes ahora hablan de demandar al Estado por no cumplir con la Ley 23 de Libre Comercio.
Somos de la opinión que si la Ley 23 de Libre Comercio va contra los intereses de los agricultores nacionales, entonces estamos en presencia de una ley con visos de inconstitucionalidad que puede muy bien así recurrirse ante la Honorable Corte Suprema de Justicia. En efecto, el artículo 118 de nuestra Constitución Nacional, en el capítulo 8 que trata sobre el régimen agrario, establece textualmente lo siguiente: Art. 118 "El Estado prestará atención especial al desarrollo integral del sector agropecuario, fomentará el aprovechamiento óptimo del suelo, velará por su distribución racional y su adecuada utilización y conservación a fin de mantenerlo en condiciones productivas y garantizará el derecho de todo agricultor a una existencia decorosa." Por otro lado el artículo siguiente, el 119 de la Constitución Nacional establece que "El Estado no permitirá la existencia de áreas incultas, improductivas u ociosas y regulará las relaciones de trabajo en el agro, fundamentando una máxima productividad y justa distribución de los beneficios de ésta". Por último el artículo 122, también de nuestra Constitución Nacional en el ordinal 3, establece textualmente como obligación del Estado para el cumplimiento de la política agraria "Tomar las medidas para asegurar mercados estables y precios equitativos a los productos y para impulsar el establecimiento de entidades, corporaciones y cooperativas de producción, industrialización, distribución y consumo."
Los neoliberales y globalizadores de la ruina nacional argumentan que Panamá firmó un Tratado Internacional con la OMC al que se obliga al cero arancel, pero como hemos visto, si así fue, entonces ese convenio es inconstitucional y que no se venga ahora con leguleyadas a argumentar que los tratados internacionales prevalecen sobre las normas constitucionales, porque si en este caso fuese así, estaríamos entonces estableciendo un nuevo método para reformar de la Constitución Nacional.
Irónicamente la CLICAC ha salido en defensa de los importadores en menoscabo de los productores nacionales, alegando que ha ocurrido una obstrucción al libre comercio. Recomendamos a los miembros de la CLICAC ojear la Constitución Nacional antes de tomar partido, porque suponemos que es también obligación de ellos cumplir con las normas constitucionales. Por encima de la Ley 23 de marras que establece "un libre comercio" que no tiene nada de libre, pero sí de mucho comercio para beneficio de unos pocos, está la Constitución Nacional. Además está comprobado que es falso que la importación de los productos de primera necesidad ha bajado el costo de la canasta básica alimenticia. Los resultados lo que denotan es que se han producido pingues ganancias entre los importadores de estos productos.