Más conocimiento y menos cemento: un nuevo pacto por la educación superior

La nación panameña necesita refundarse. Tal refundación demanda un nuevo pacto constitucional que reafirme el carácter democrático y abierto del Estado nacional panameño y de sus instituciones.

La campaña electoral que se avecina es el momento para que los ciudadanos comprometamos a las personas que pretendan gobernarnos, con aquellos elementos y factores esenciales que sirvan de base a una futura Constitución del país, uno de los cuales es la educación superior, un nivel llamado a formar a los ciudadanos mejor informados y los dirigentes que esta sociedad necesita en esta nueva fase de nuestra historia: ciudadanos cabales, comprometidos y cultos y no de simples tecnócratas al servicio del mejor postor.

A modo indicativo, me permito sugerir algunos temas que deberían formar parte de la discusión, y cuyos elementos más específicos constarían en los planes de gobierno que los colectivos políticos deben presentarnos y con cuya agenda de realización deberíamos comprometerlos de manera incisiva.

En primer lugar, reivindicar la educación superior como un bien público. El derecho social a una educación superior de calidad implica que se garantizará el acceso a la universidad a todo ciudadano que tenga los méritos y las capacidades para acceder a ella.

Para esto, en los próximos 10 años, deberá eliminarse la mayor traba de acceso a la educación superior: la pobre calidad de la educación previa y la deuda social que la República tiene con los grupos menos favorecidos, empezando por los grupos indígenas.

El segundo aspecto será un reordenamiento del sistema universitario público.

Se impone el mandato de un plan prospectivo a 20 años y planes quinquenales que den cuenta de todo el sistema de educación superior pública, actualmente fraccionado en cinco entidades de autonomía precaria, calidad diversa, sin mayor coordinación, planificación ni armónica gestión.

O bien podría crearse un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, o establecer un Consejo Nacional de Educación Superior que coordine el diseño y supervise la ejecución de los planes indicados.

Otro elemento sustantivo es el compromiso del Estado en dotar efectivamente de los recursos necesarios a las universidades.

Se precisa que las casas universitarias cuenten sin cortapisas con una infraestructura física, tecnológica y científica del más alto nivel, y con una planta de docentes, investigadores y gerentes calificados.

Se levantará un inventario nacional de tales recursos y armará una red de educación superior semipresencial a nivel nacional con soporte virtual.

Será una apuesta vigorosa y sostenida por el futuro de Panamá que cifre un 2% del PIB anual del país durante al menos un lustro.

El financiamiento podría asignarse con una base anual fija, proporcional con el volumen de docentes y estudiantes, y una parte variable en función de proyectos que se someterán a concurso público.

He aquí el germen de una real agenda de investigación de problemas nacionales, regionales y mundiales como corresponde al nuevo papel de Panamá en el mundo.

Se deberá reformar el sistema de contratación de las universidades, a fin de crear incentivos a la innovación y al compromiso social con la colectividad. La condición de docente regular deberá validarse cada cinco años, al igual que la acreditación institucional.

Los docentes acreditados podrán rotar entre las universidades públicas, de acuerdo con programas conjuntos, o contratarse para servir en municipios, ministerios, entidades o escuela.

Se aumentará el servicio social universitario y las prácticas universitarias privilegiando acciones en zonas marginales.

Finalmente, el pacto social por la educación superior garantizará la autonomía y la libertad académicas, y le creará espacios de resonancia en los medios de comunicación de masas.

Así la universidad pública potenciará su papel de sana crítica dentro de los márgenes de independencia en una sociedad democrática, la cual reconoce, respeta y fomenta la disidencia intelectual y crea espacios para el debate de asuntos complejos.

La sociedad debe ir a la universidad. Acciones semejantes nos ayudarían a tener la educación superior de calidad que Panamá requiere con urgencia notoria.

Economista/consultor y docente universitario.