Mutación gubernamental

“Ni los militares llegaron tan lejos”, se escucha decir con un dejo de frustración a un número cada día mayor de personas que creyeron en el “cambio”.

Mucha gente se pregunta sin poder darse, ni encontrar respuesta, ¿qué objetivos persiguen los integrantes del equipo gubernamental y sus espoliques del legislativo?; ¿dónde nos llevará la voracidad, las ambiciones desorbitadas y la avidez que parecen guiar, cada vez más, sus acciones gubernamentales? Lo cierto es que nos alejamos a pasos agigantados de una política hacia la democratización de nuestra sociedad en lo social, económico o político.

Muy tempranamente, desde que se instaló la actual Asamblea de diputados, los rectores del poder mostraron su absoluto desprecio a toda pretensión de “democracia, justicia y libertad”. Se enrumbaron de la mano de la impunidad y la corrupción por los caminos del ejercicio irracional del poder. Un poder sin control, demagógico, clientelista, neopopulista, pero sobre todo, dotado de una capacidad de mutación de espaldas a la voluntad ciudadana.

La mutación gubernamental modifica, a como de lugar, el contenido de las normas y procedimientos gubernamentales, de modo que pasen a tener un significado diferente, conservando o no el mismo texto. Así, la mutación gubernamental que vivimos abandona gradualmente toda vinculación constitucional o con los fundamentos básicos del constitucionalismo, como herramienta de control ciudadano para la racionalización del ejercicio del poder político.

La reciente imposición de la denominada “ley chorizo” (ver Ley 30 de 16 de junio en Gaceta Oficial 26556-A), es un ejemplo de la mutación gubernamental con desvinculación constitucional, que pretende, entre otras cosas, criminalizar la pobreza, legalizar la impunidad, el sicariato y los escuadrones de la muerte, fomentar la corrupción, destruir garantías fundamentales, violar acuerdos internacionales, destruir el medio ambiente, pisotear los derechos sindicales, penalizar la protesta social y terminar de desconocer los espacios y posibilidades de diálogo nacional. Esta Ley, a todas luces antidemocrática, antipopular y antinacional, viene a sumarse a toda una maraña legislativa y gubernamental impuesta durante los últimos tiempos, que abandona sin reparos los principios de legalidad, de jerarquía administrativa, de publicidad de las normas, de irretroactividad de las normas, de legalidad jurídica, de responsabilidad y de interdicción o prohibición de la arbitrariedad.

Esta es una imposición que, por arbitraria y autoritaria abre las puertas para que el Gobierno pueda, no solo redoblar sus ataques personales o persecución contra dirigentes comunales, sindicales, empresariales, sociales o políticos, sino terminar de imponernos una dictadura fascistoide, depredadora de todos los valores éticos que habían logrado sobrevivir hasta ahora, para hacer de la cínica concupiscencia su norte.

La mutación gubernamental de los que se presentaron como portaestandartes del ‘cambio’, busca también despolitizar en grado máximo a la población y convertir el país en un negocio que inspira asco. Panamá vuelve a ser sitio de escándalos, de timos, de estafas, de robos y extorsión. Los integrantes del actual Gobierno se han burlado de la enseñaza de Bolívar: “El principio fundamental para la buena marcha del Gobierno es la ilustración y la virtud de los hombres que lo constituyen”.