Cada día que pasa nos encontramos con más panameños que consideran que las reformas para un cambio constitucional propuestas por la Concertación Nacional, entregadas al Ejecutivo, quien las pasó íntegramente a la Asamblea Nacional para que las aprobara en dos legislaturas, son ilegítimas e inconsultas, ya que han sido preparadas sin la participación de los ciudadanos.

Esto deja que las mismas solo reflejen los intereses de un sector particular de la sociedad.

Bajo estas circunstancias, estas reformas deben ser rechazadas por la ciudadanía al momento de darse el eventual referéndum que exige su proceso de aprobación.

De acuerdo con lo expresado por el presidente Laurentino Cortizo en campaña, y tomando su palabra con la seriedad del caso, la opción que le quedaría al mandatario en caso de que las reformas propuestas fueran de plano rechazadas por la ciudadanía, sería la de convocar una Asamblea Constituyente para preparar una nueva constitución que fuese el resultado del debate nacional de las varias visiones de los integrantes de la sociedad panameña.

Esto permitiría lograr un Gran Concordato Nacional, mediante el cual se refunde la nación, se institucionalice y empodere la voluntad del pueblo, y así podamos caminar juntos hacia un futuro promisorio, con una equilibrada y armónica distribución de los poderes públicos del Estado, con control y eficiencia en la gestión pública, en la cual la participación ciudadana sea un elemento protagónico esencial y coadyuvante de dicha gestión.  

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Para nadie es un secreto que desde hace algunos años la sociedad panameña debate el tema constitucional y discute la necesidad de dotar al país de una nueva Constitución que reforme y transforme el Estado y que sea producto de una Asamblea Constituyente democráticamente elegida.

Un proceso constituyente es la forma más pacífica y democrática, no solo para conocer cuál es el mandato popular y el legítimo deseo del pueblo panameño, sino también para permitir la participación integrada de una sociedad que hoy día está desquebrajada y políticamente desarticulada, lo cual constituye un serio obstáculo para el desarrollo y convivencia pacífica en Panamá, país con amplias perspectivas para alcanzar estratos que permitan una adecuada distribución de la riqueza y del bien común entre todos sus habitantes.

La participación ciudadana es una condición sine-qua-non para garantizar la preservación de los derechos humanos y otros naturales, para que la población pueda tener acceso a servicios públicos modernos y eficientes, a un régimen económico cuyos beneficios se distribuyan equitativamente entre toda la sociedad, fiscalizando una administración pública transparente, respetando la diversidad humana en sus diversas expresiones y modalidades culturales.

Hay que abrir los caminos para consultar la voluntad del pueblo panameño sobre este tema, ya que es lo más sensato y prudente en estos momentos para la nación panameña.

Ingeniero