Oficinas paralelas

Cada semana me siento a escribir con la intención de hablar de avances, de ideas nuevas, de soluciones para Panamá. Pero esta semana, como algunas otras, me toca volver a mirar con decepción hacia la Asamblea Nacional. El escándalo reciente sobre las "oficinas paralelas" no es una simple anécdota de privilegios mal repartidos, más bien es el más crudo reflejo de un país atrapado en la cultura del abuso y el descaro.

Mientras miles de panameños trabajan hacinados, sin aire acondicionado, sin sillas decentes ni espacio digno para atender al público, hay diputados que disfrutan de hasta cuatro oficinas dentro del mismo edificio legislativo. Otros, irónicamente, no tienen ni una sola. ¿El criterio? No es mérito, ni trayectoria, ni rendimiento. Es simplemente alineación política con quienes reparten el poder dentro del Legislativo.

Esta no es una historia de oficinas. Es una historia de feudos, de cuotas de poder disfrazadas de "logística", de espacios físicos que se convierten en trincheras clientelares, en centros de operación paralela y, en algunos casos, en cubículos donde se fragua el nepotismo, la botellocracia y el abuso.

¿Dónde está la vergüenza? ¿Dónde está el sentido mínimo de decencia institucional? El país atraviesa una crisis fiscal profunda, una creciente desconfianza ciudadana y una rabia acumulada por años de promesas incumplidas. Y mientras eso ocurre, algunos se reparten oficinas como si fueran premios personales. No hay otra palabra para describirlo: es una burla.

Lo que más preocupa no es el hecho aislado. Es la normalización. La facilidad con la que esto ocurre sin consecuencias. Porque ya vimos lo que pasó (o mejor dicho, lo que no pasó) con las planillas fantasmas, con los pagos a suplentes, con los nombramientos cruzados. Todo queda en investigaciones eternas, en comunicados ambiguos, en el silencio cómplice de quienes deberían indignarse.

Panamá no puede seguir así. No se trata solo de reformar el reglamento interno de la Asamblea. No se trata de limitar el número de despachos. Se trata de romper de una vez por todas con esa lógica medieval de repartición de poder, donde el Estado se maneja como una finca privada.

Los ciudadanos no eligieron diputados para que compitan por quien tiene más metros cuadrados de oficina, sino para que produzcan leyes útiles y representen sus intereses.

Si queremos reconstruir la confianza, empecemos por cosas simples, que cada diputado tenga una sola oficina, que rinda cuentas por ella, y que entienda que está ahí para servir, no para servirse. Y que la justicia actúe de una buena vez, sin mirar nombres ni cargos.

Panamá merece algo mejor. Porque cada día que pasa sin decisiones acertadas, es un día más que retrocedemos.