Panamá: Lalaland de las Américas
Todo ciudadano que incumple, debe castigársele con severidad ejemplar. Digamos por ejemplo, con sanciones de 3 a 6 meses de cárcel. Si son reincidentes con 12 meses.
No es suficiente una simple multa monetaria o un trabajo comunitario como sanción a faltas contra las disposiciones sanitarias en pandemia. Nuestras vidas y salud valen mucho más que eso. Foto: EFE.
No podemos negar que la pandemia de la COVID-19 está fuera de control y esto, según mi criterio, está causado por el síndrome sociopolítico “CICME” (COVID-19 + Indisciplina Ciudadana + Mansedumbre Estatal).
Este síndrome nos está llevando poco a poco a un “Estado de Derecho Caótico” como consecuencia de la incertidumbre de un gran esfuerzo del gobierno, pero que día con día demuestra que caminamos como uno de los animales fantástico, el TORCAN (mitad tortuga y mitad cangrejo) lo que ha hecho que nos veamos como Lalaland de las Américas.
Si bien es cierto que el índice de mortalidad por el COVID-19 ronda por el 2%, la cantidad de defunciones del mes de julio duplicará las del mes de junio, el cual ya había sido el 88% de la suma de las muertes de marzo a mayo.
La tasa de recuperados mientras tanto, que por los últimos días de mayo llegó a estar por arriba del 70%, hoy en día no supera el 52% de los casos, lo que complica el panorama y la disponibilidad de camas para nuevos casos.
Esto sin ponderar la probabilidad de que estemos dando de alta a pacientes que pudieran seguir contagiados después de los 14 días de aislamiento, pues se suspendió el practicar las pruebas para comprobar su negatividad al terminar su período de aislamiento, lo cual pudieran o no, ser aún focos de contagio.
Pero por otro lado, la Indisciplina Ciudadana genera detenciones diarias por violaciones al toque de queda, a la cuarentena, etc. estimadas entre un 25% a 50% del equivalente de los casos positivos diarios.
Es decir, que por cada 100 casos positivos nuevos se detienen entre 25 y 50 personas por violaciones a las dispocisiones sanitarias indicadas por el Minsa.
¿Cuántos de estos ciudadanos indisciplinados pueden ser foco de contagios al estar por la libre sin importar si adquieren o ya son portadores asintomáticos del virus?
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Son individuos sin valores morales que practican el “juega vivo”, y, en este caso, retando a la muerte, si no la de ellos, la de algún familiar o amigo.
Son potenciales asesinos o suicidas que deben ser tratados acorde.
Los estamentos de seguridad y de salud están agotados.
En su loable labor de combatir esta pandemia, al estar en la primera fila del frente de batalla, también están cayendo abatidos por este mal y en gran parte culpa de estos ciudadanos irresponsables que #NoQuierenQuedarseEnCasa y representan focos de contagio de aquellos que #SiQuierenQuedarseEnCasa.
Pero lo que no acabo de entender es la Mansedumbre Estatal para con este grupo de individuos.
¿Será acaso temor a los activistas de los Derechos Humanos, o a ciertos medios y su cartel de incondicionales, siempre dispuestos a asegurar que lo que se haga está mal?
Pregunto: ¿qué hay del derecho humano de a quienes estos ciudadanos puedan infectar con su actitud del no me importa?
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¿Dónde está el derecho a la vida y la paz social que tienen los médicos, enfermeras, laboratoristas, cuerpo de seguridad, personal administrativo y aseo de hospitales, jueces de paz, colaboradores de supermercados y farmacias, etc.?
En días pasados el ministro de Salud, Luis Sucre, informó que han estado intercambiando opiniones con otros países, entre ellos uno de Asia que ha tenido un gran éxito en el control de la propagación del virus.
Entre las acciones tomadas por este país estaba la cárcel de 6 a 12 meses para aquellos que violaban las disposiciones sanitarias.
Si estamos buscando ejemplos de efectividad, ¿por qué no imitar a estos países que manejan con mano férrea a sus ciudadanos indisciplinados?
Todo ciudadano que incumple, debe castigársele con severidad ejemplar.
Digamos por ejemplo, con sanciones de 3 a 6 meses de cárcel. Si son reincidentes con 12 meses.
Habilitemos sitios como campos de detención. Si los detenidos tienen antecedentes penales, deberán cumplir su castigo en las cárceles normales del país.
Empoderemos a los jueces de paz.
Les aseguro que una vez esto se ponga en marcha, los casos disminuirán y las cosas cambiarán.
Recordemos que estos individuos son potenciales criminales, que por efecto de la tipificación del delito contra la salud, no pueden ser juzgados por “intento de homicidio”.
No es suficiente una simple multa monetaria o un trabajo comunitario como sanción a faltas contra las disposiciones sanitarias en pandemia,. Nuestras vidas y salud valen mucho más que eso. Es hora de que nos pongamos los pantalones largos.
El prestigio y credibilidad de su gobierno va en picada libre, Sr. Presidente Cortizo.
Un monumento a los caídos por la COVID-19 no basta.
Como usted indicó en estos días: “haré, junto a los panameños, lo que sea necesario para sacar adelante a Panamá”. ¡Hagámoslo!
Exalumno del Instituto Nacional.