Participación ciudadana
Publicado 2002/08/24 23:00:00
- Eloy Grimaldos Méndez
En la revista del Banco Interamericano de Desarrollo, "BID América", correspondiente al 18 de febrero de 2002, nos topamos con escrito de Paul Constance intitulado "La evolución hacia un gobierno más eficiente y transparente", en el que su autor plantea la interrogante, si todos los gobiernos son ineficaces o acaso algunos son mejores que otros, y ¿cuál es la razón de ello?
Evidentemente que algunos gobiernos son mejores que otros, y ello ocurre porque están conformados por mejores políticos, afirma Constance. En países democráticos ésta es una alternativa atrayente porque propone una solución si el gobierno de turno no resulta ideal: el electorado puede deshacerse de los gobernantes ineptos en los siguientes comicios. Con un mejor criterio de selección, el próximo elenco de administradores de la cosa pública será mejor si la ciudadanía decide ejercer sensatamente y con responsabilidad su derecho al sufragio.
Aunque las encuestas de opinión indican que los latinoamericanos prefieren la democracia a otras formas de gobierno, las encuestas revelan también una profunda desilusión con la forma en que se practica en la región. La no reducción de la desigualdad y la pobreza e incesantes denuncias de corrupción en el sector público, han movido a muchos a perder la fe en los políticos, en los partidos políticos en general y en la democracia como un sistema de gobierno eficaz.
Lo ocurrido precisamente con el nombramiento de los dos magistrados a la Corte Suprema de Justicia y la aprobación del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS), así como muchas otras denuncias de corrupción ha sido determinante del desaliento nacional. El Gobierno Nacional, específicamente la Sra. Presidenta, bisoña en lo relativo a la "participación ciudadana", tuvo hace unos meses declaraciones muy poco felices cuando fustigó, según noticia de La Estrella de Panamá aparecida en su edición del lunes 18 de febrero de 2002, la aptitud del secretario del Frente Nacional contra la Corrupción y dijo que "hay que ponerle un alto a este señor por presentar denuncias contra personeros del Estado sin tener pruebas. Si él no tiene pruebas, no puede seguir poniendo en signos de interrogación a todos los panameños de que son corruptos".
Discrepamos totalmente con lo expresado por la Excelentísima Sra. Presidenta. Por el contrario, estas denuncias deben no sólo continuar sino estimularse y ya corresponderá al Ministerio Público determinar si las mismas se fundamentan en hechos concretos o no. Lo que deben hacer los funcionarios públicos, si no desean ser blanco de denuncias, es ser transparentes en sus actuaciones. Cuando logren hacerlo estamos seguros de que cesarán las denuncias.
Aunque los pueblos han afirmado su derecho a sacar del poder al gobierno de turno cada tantos años, no han logrado la capacidad de controlar la conducta de los políticos mientras están en el poder. Existen obstáculos para que esta falta de rendición de cuentas se dé. Antes de una elección, los candidatos prometen prestar ciertos servicios a cambio del voto. Pero después de la elección, el electorado encuentra no sólo que la promesa suele ser ignorada, sino que no tiene forma de hacerlo cumplir hasta la próxima elección. En el peor de los casos, esa sensación de impotencia genera un círculo vicioso: parte de la ciudadanía le da la espalda al sistema político que consideran fuera de control y entonces la ausencia de críticos, en la opinión pública, le brinda a los corruptos un mayor margen para cometer atropellos. De allí que resulta imperioso la participación de todos los ciudadanos en los asuntos políticos del país. Nadie, por ninguna circunstancia, puede ni debe renunciar a este derecho y obligación.
La participación ciudadana que pretende descartar la Sra. Presidenta, es un elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el sistema democrático representativo. La participación ciudadana es concebida como "el conjunto de técnicas que permiten la intervención de los ciudadanos en la organización o en la actividad de la Administración Pública, sin integrarse en las estructuras burocráticas. El que participa no se convierte, por supuesto, en funcionario, ni tampoco en un colaborador benévolo o interesado. El que participa actúa como ciudadano, preocupado por el interés general, y no como interesado personal y directo; el contenido de su acción no es económico, sino político".
Organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo consideran la participación ciudadana como elemento indispensable para el desarrollo económico y social. El Banco Mundial define la participación ciudadana como el "proceso a través del cual los interesados influencian y controlan el poder sobre las iniciativas de desarrollo y sobre las decisiones y recursos que afectan sus vidas".
El Banco Interamericano de Desarrollo, por su parte, la define como el instrumento de movilización de la gente como actores y supervisores de su propio desarrollo. Es un fin y un medio de desarrollo, que puede contribuir a crear y mantener democracias estables y buenos gobiernos, así como el crecimiento económico, promoviendo la inserción social y mejorando la sostenibilidad de los proyectos".
Los neoliberales que han criticado al Estado por considerarlo "obeso" lo han transformado en un ente indefenso. Es deber de todos los ciudadanos devolver al Estado el vigor normativo que ha perdido y se deben introducir componentes de justicia y solidaridad en la economía como una exigencia ética ineludible.
El Estado ineficiente como lo han calificado los neoliberales se ha convertido en un Estado irresponsable y corrupto. Irresponsable con los pobres, con los enfermos, con los ignorantes, con los marginados, con los ancianos, etc. y corrupto en su servicio.
Evidentemente que algunos gobiernos son mejores que otros, y ello ocurre porque están conformados por mejores políticos, afirma Constance. En países democráticos ésta es una alternativa atrayente porque propone una solución si el gobierno de turno no resulta ideal: el electorado puede deshacerse de los gobernantes ineptos en los siguientes comicios. Con un mejor criterio de selección, el próximo elenco de administradores de la cosa pública será mejor si la ciudadanía decide ejercer sensatamente y con responsabilidad su derecho al sufragio.
Aunque las encuestas de opinión indican que los latinoamericanos prefieren la democracia a otras formas de gobierno, las encuestas revelan también una profunda desilusión con la forma en que se practica en la región. La no reducción de la desigualdad y la pobreza e incesantes denuncias de corrupción en el sector público, han movido a muchos a perder la fe en los políticos, en los partidos políticos en general y en la democracia como un sistema de gobierno eficaz.
Lo ocurrido precisamente con el nombramiento de los dos magistrados a la Corte Suprema de Justicia y la aprobación del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS), así como muchas otras denuncias de corrupción ha sido determinante del desaliento nacional. El Gobierno Nacional, específicamente la Sra. Presidenta, bisoña en lo relativo a la "participación ciudadana", tuvo hace unos meses declaraciones muy poco felices cuando fustigó, según noticia de La Estrella de Panamá aparecida en su edición del lunes 18 de febrero de 2002, la aptitud del secretario del Frente Nacional contra la Corrupción y dijo que "hay que ponerle un alto a este señor por presentar denuncias contra personeros del Estado sin tener pruebas. Si él no tiene pruebas, no puede seguir poniendo en signos de interrogación a todos los panameños de que son corruptos".
Discrepamos totalmente con lo expresado por la Excelentísima Sra. Presidenta. Por el contrario, estas denuncias deben no sólo continuar sino estimularse y ya corresponderá al Ministerio Público determinar si las mismas se fundamentan en hechos concretos o no. Lo que deben hacer los funcionarios públicos, si no desean ser blanco de denuncias, es ser transparentes en sus actuaciones. Cuando logren hacerlo estamos seguros de que cesarán las denuncias.
Aunque los pueblos han afirmado su derecho a sacar del poder al gobierno de turno cada tantos años, no han logrado la capacidad de controlar la conducta de los políticos mientras están en el poder. Existen obstáculos para que esta falta de rendición de cuentas se dé. Antes de una elección, los candidatos prometen prestar ciertos servicios a cambio del voto. Pero después de la elección, el electorado encuentra no sólo que la promesa suele ser ignorada, sino que no tiene forma de hacerlo cumplir hasta la próxima elección. En el peor de los casos, esa sensación de impotencia genera un círculo vicioso: parte de la ciudadanía le da la espalda al sistema político que consideran fuera de control y entonces la ausencia de críticos, en la opinión pública, le brinda a los corruptos un mayor margen para cometer atropellos. De allí que resulta imperioso la participación de todos los ciudadanos en los asuntos políticos del país. Nadie, por ninguna circunstancia, puede ni debe renunciar a este derecho y obligación.
La participación ciudadana que pretende descartar la Sra. Presidenta, es un elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el sistema democrático representativo. La participación ciudadana es concebida como "el conjunto de técnicas que permiten la intervención de los ciudadanos en la organización o en la actividad de la Administración Pública, sin integrarse en las estructuras burocráticas. El que participa no se convierte, por supuesto, en funcionario, ni tampoco en un colaborador benévolo o interesado. El que participa actúa como ciudadano, preocupado por el interés general, y no como interesado personal y directo; el contenido de su acción no es económico, sino político".
Organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo consideran la participación ciudadana como elemento indispensable para el desarrollo económico y social. El Banco Mundial define la participación ciudadana como el "proceso a través del cual los interesados influencian y controlan el poder sobre las iniciativas de desarrollo y sobre las decisiones y recursos que afectan sus vidas".
El Banco Interamericano de Desarrollo, por su parte, la define como el instrumento de movilización de la gente como actores y supervisores de su propio desarrollo. Es un fin y un medio de desarrollo, que puede contribuir a crear y mantener democracias estables y buenos gobiernos, así como el crecimiento económico, promoviendo la inserción social y mejorando la sostenibilidad de los proyectos".
Los neoliberales que han criticado al Estado por considerarlo "obeso" lo han transformado en un ente indefenso. Es deber de todos los ciudadanos devolver al Estado el vigor normativo que ha perdido y se deben introducir componentes de justicia y solidaridad en la economía como una exigencia ética ineludible.
El Estado ineficiente como lo han calificado los neoliberales se ha convertido en un Estado irresponsable y corrupto. Irresponsable con los pobres, con los enfermos, con los ignorantes, con los marginados, con los ancianos, etc. y corrupto en su servicio.

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