Cada cinco años, los panameños solo observamos cómo el presidente de la República designa a sus ministros de Estado de manera autocrática, con la esperanza de que este grupo de líderes mejore nuestra calidad de vida. Sin embargo, hemos visto desfilar innumerables nombres gobierno tras gobierno, y Panamá continúa con los mismos problemas sociales, económicos y políticos.

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De más está decir que el pueblo panameño tiene la percepción de que cada uno de estos nombramientos llevan un trasfondo, ya sea por compañerismo partidario, por acuerdos privados, por gratificación; y no por la capacidad de la persona.

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Pero qué hacemos como ciudadanos, nos quedamos como simples espectadores del manejo que se le a da nuestra vida, a nuestro Estado. Contando con que la Asamblea Nacional ejerza el poder que le ha dado el pueblo de ser su voz, de legislar en beneficio del país y de fiscalizar el actuar del Órgano Ejecutivo y Judicial.

Por otro lado, la Constitución no nos apoya al referirse a los ministros de Estado. El numeral 1 del artículo 183 indica como atribución del presidente "Nombrar y separar libremente a los ministros de Estado" y en el artículo 196 indica que "deben ser panameños por nacimiento, haber cumplido 25 años de edad y no haber sido condenados por delito doloso".

Por qué no puede existir una comisión evaluadora para los ministros de Estado, siendo estos los responsables de nuestra educación, salud, seguridad, obras públicas, trabajo, desarrollo social, entre otros. Por qué solo contar con 25 años de edad si está en juego el futuro de todo un país. Estos son puntos que se deben considerar a la hora de una reforma constitucional.

Necesitamos que los ministros de Estado cuenten con un perfil apto para ejercer sus funciones para que cada uno de nosotros pueda disfrutar los frutos de su gestión.

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Para cada ministerio se debe nombrar un ciudadano que cuente con los más altos niveles de estudio y especialización en cada una de las ramas, aunado a la trayectoria y experiencia tanto en la administración pública como en la privada, tener la vocación de servir al pueblo y no en beneficio propio, ejecutar estrategias de Estado y no de Gobierno, contar con una conducta social impecable. Adicional, debe contar con habilidades directivas como análisis, toma de decisiones, identificar y priorizar problemas, trabajo en equipo, comunicación, innovación, entre otras.

A los lectores, me queda decirles que ejerzamos nuestro deber ciudadano y participemos de manera consciente en las próximas elecciones.

Al próximo presidente de la República, que reflexione que es electo por votación popular y no por un grupo reducido que mantiene acaparadas las riquezas de nuestro país.