... en materia de inversión, la creación de esta autoridad de inversiones no es una buena inversión. El esquema actual no aumenta el gasto público y tiene la capacidad de lograr lo mismo.
El proyecto de ley que crea la Autoridad para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones fue cuestionado desde el momento de su presentación. La sola idea de crear una nueva institución en este preciso momento, que lo primordial es reducir el gasto, representa sin duda un contrasentido.
De forma baladí se justifica el planteamiento en que los nuevos escenarios internacionales ocasionados por la crisis mundial, derivada de la pandemia, hacen necesario replantear las estrategias de atracción de inversión extranjera directa y las políticas para ser mejores receptores de esas inversiones.
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Si bien esto puede tener algo de realidad, lo que no termina de sustentar es la necesidad irrefutable de crear este nuevo miembro del aparato gubernamental.
Como se dice en buen panameño, uno se arropa hasta donde llega la manta. Cualquiera que esté enfrentando una crisis económica apuntaría a producir más con menos. En este sentido, la filosofía de los sectores público y privado son sumamente distintas.
En empresa privada, se procura que los costos operativos sean lo menos posible para aumentar la rentabilidad del negocio. En cambio, en el Estado vemos lo contrario: aumento de la planilla en pandemia y, para atender una necesidad, muy fácilmente la propuesta que surge es crear otra entidad más que, a su vez, requerirá su propio ejército de funcionarios, entre los cuales, por supuesto, no pueden faltar los jugosos salarios para un secretario general, un subadministrador y un administrador.
Además de que, para poder operar, obviamente requerirá las asignaciones presupuestarias correspondientes para solventar infraestructura, vehículos, contrataciones, servicios, planilla, útiles de oficina, viáticos, entre otros.
Nuestro país ha venido sufriendo, desde hace años, de un engrosamiento sistemático de la deuda pública. Es entendible la importancia de la inversión privada extranjera y la promoción de nuestras exportaciones, eso nadie lo discute; pero en materia de inversión, la creación de esta autoridad de inversiones no es una buena inversión. El esquema actual no aumenta el gasto público y tiene la capacidad de lograr lo mismo.
Ya contamos con un Ministro Consejero de facilitación de la Inversión Privada, un Ministro de Comercio e Industrias, que cuenta con un viceministro de Comercio Exterior y un viceministro de Negociaciones Comerciales; y una Ministra de Relaciones Exteriores, que cuenta con una Agencia de Atracción de Inversiones y de Promoción de Exportaciones PROPANAMA -precisamente la que se pretende ahora convertir en Autoridad-; y, para las coordinaciones requeridas, todos estos ministros juntos con el Presidente de la República, se ven frecuentemente en el Consejo de Gabinete.
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Es necesario incorporar ahorro en la gestión pública con ideas innovadoras. Por ejemplo, en el manejo del Plan Panamá Solidario y de la estrategia de vacunación hemos visto el uso de la tecnología y la colaboración de diversos servidores, desde el administrador de pasaportes, el director de Senacyt y ahora hasta se ha involucrado el Ministro de Ambiente; evidentes contradicciones que muestran que para algunas cosas sí es posible dar la milla extra, aún más allá de las funciones básicas, pero para otras, que incluso caen bajo el paraguas de algunos, entonces quieren crear entidades que no dan ninguna garantía de que realmente vayan a dar resultados captando más capital de inversión.
Nuestra nación atraviesa momentos en que la economía se encuentra en un punto aún más crítico que la pandemia. Se requieren políticas encaminadas a la reapertura ordenada de todos los sectores económicos conforme a las medidas de bioseguridad; incorporar una contención real del gasto público en rubros no prioritarios; y definitivamente desistir de cualquier pretensión injustificada de aumentar la planilla gubernamental.
El colapso del sector privado conlleva prolongar las suspensiones de contratos laborales, lo cual agrava la crisis de la Caja de Seguro Social; y finalmente toda la debacle económica genera una reacción en cadena que termina golpeando al propio Estado con la caída de la recaudación, y de préstamos y deuda no se puede sostener la economía de un país.
Abogado.
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