Panamá
Representantes, alcaldes y la Contraloría General de la República conviven en una relación tóxica, no para ellos, sino para los exiguos recursos estatales y para la población que se ve afectada con sus abusos.
En Panamá crece, de manera peligrosa y obscena, una casta política que se robustece amamantada con los recursos del Estado.
Es una conjura en la cual las estructuras del Estado que deben evitar los abusos, los apadrinan y hasta alientan.
Ejemplos hay muchos, pero el más reciente es el escandaloso e inadmisible aumento de emolumentos por parte de los representantes de corregimiento y los alcaldes de una cantidad de municipios del país.
Representantes, alcaldes y la Contraloría General de la República conviven en una relación tóxica, no para ellos, sino para los exiguos recursos estatales y para la población que se ve afectada con sus abusos.
El abogado Ernesto Cedeño ha sido insistente en denunciar el exceso de representantes y alcaldes en el uso de los fondos de la descentralización. La intención de descentralizar los fondos que manejan los municipios tiene un fin noble, pero como dice el viejo adagio judicial: "Hecha la ley, hecha la trampa".
Ya funcionarios inmorales, porque si bien no es ilegal lo que hacen, sí es repugnante, encontraron la manera de desviar a sus bolsillos parte de los fondos destinados para atender las necesidades de las comunidades que los eligieron.
Las leyes no siempre son justas y permitir que esos desvergonzados hagan esto, es un ejemplo irrefutable de ello.
Nada justifica $5 mil al mes para gastos de movilización.
Periodista.
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