Silenciar la crítica

Aun cuando no faltan quienes intentan ocultarlo o disimularlo, los factores reales de poder que influyen y determinan mucho en el actual gobierno panameño han logrado dar pasos decisivos en los mecanismos legales, políticos y económicos que les permitan silenciar la crítica a los funcionarios públicos, al desempeño de los órganos del Estado y sobre todo, multiplicar los obstáculos al pleno ejercicio democrático de la libertad de expresión en Panamá.

Dentro de ese contexto, no deja de resultar curioso cómo algunos de los que otrora decían "creer" o juraban "defender" la libertad de expresión, hoy día, al ocupar posiciones en el engranaje del Estado como ministros o vices; principales o suplentes de legisladores, procuradores o fiscales; jueces o magistrados, resultan ser los primeros en la fila de los que se destacan por querer destruir el frágil piso con que cuenta la libertad de expresión en nuestro país.

Neomercenarios de la política, comejenes o termitas de las libertades, los nuevos epígonos del neoautoritarismo no descansan en su infame tarea de recortar las libertades democráticas.

En su último "Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2001-Vol.

II" la Relatoría para la Libertad de Expresión, a páginas 58 y 59, plantea sin rodeos que: " La Relatoría continúa observando con preocupación la utilización de las figuras penales de calumnias e injurias por parte de algunos funcionarios públicos en Panamá.

El inicio de estos juicios está destinado a silenciar la crítica de algunos periodistas o medios de comunicación sobre el desempeño en la gestión pública de funcionarios y/o personas públicas.

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""La despenalización de las calumnias e injurias tiene base en la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos.

La Comisión ha señalado que las personas públicas deben estar más expuestas a la crítica debido a la importancia del debate libre sobre asuntos de interés público.

Las personas públicas tienen el derecho de protegerse de los ataques intencionales al honor o a la reputación "mediante acciones civiles y promulgando leyes que garanticen el derecho de rectificación o respuesta".

La aplicación de leyes penales de calumnias e injurias para proteger la reputación y el honor de las personas públicas constituye una violación del artículo 13 de de la Convención Americana por ser una sanción desproporcionada a la importancia de dicho debate.

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""La Relatoría considera que el Estado de Panamá no ha demostrado voluntad política en la derogación de las leyes que penalizan las expresiones que ofenden a los funcionarios públicos.

Durante el año 2000, el Estado panameño manifestó a esta Relatoría su intención de efectuar reformas legislativas en esta materia que conduzcan a la derogación de estas leyes, conocidas como leyes de desacato.

Sin embargo hasta la fecha de publicación de este informe, no se habían registrado en Panamá avances o cambios a este respecto.

Por el contrario, según lo informado por numerosos periodistas independientes, las amenazas a la libertad de expresión a través de acciones legales iniciadas por funcionarios públicos han aumentado considerablemente"A pesar de las reflexiones y consideraciones que hace la Relatoría, las cosas aquí en Panamá tienden a empeorar.

Una prueba palpable es la reciente aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley que contraría los principios que rigen a la libertad de expresión y que no deroga ninguna de las múltiples normas legales vigentes que amordazan la libertad de expresión de los ciudadanos y que continúan blandidas, cual espadas de Damócles - afiladas día a día por las actuales autoridades- contra quienes hacen uso del sagrado derecho de la libertad de expresión para opinar, analizar o criticar las acciones de los órganos del Estado.

Se hace entonces necesario, una vez más y cuantas veces sea necesario, que frente a la errada y equivocada idea que quieren inculcarnos que "porque hay elecciones, hay democracia", es importantísimo destacar que el reconocimiento y el respeto a los Derechos Humanos pasa en primera instancia por un pleno respeto al ejercicio de la libertad de expresión y un acceso a la información de amplio alcance.

Las restricciones a la denominada "Ley de Transparencia" y el contenido del proyecto que regula el ejercicio del periodismo en Panamá, nos alejan aún más de la libertad ciudadana necesaria para la toma de decisiones.

Es por ello que frente a los que intentan silenciar la crítica, debemos elevar con energía nuestras voces de crítica al silencio.

(mabernal@sinfo.

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