Sobre la Ley de Responsabilidad Fiscal

Nació como contrapartida a la apertura para el uso del Fondo Fiduciario para el Desarrollo por parte de la administración de la presidenta Mireya Moscoso.

El Fondo había sido creado por el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, y su propósito fue reemplazar las tierras y edificios de las Áreas Revertidas que serían vendidos, por un gran ahorro nacional que sirviera de respaldo al país en su desarrollo futuro.

En realidad, su sentido nunca fue distinto a las reservas de monedas sólidas que suelen atesorar todos los países responsables de sus finanzas, para asegurar su liquidez, sobre todo en tiempos de crisis.

China, Taiwan, Brasil, y Venezuela tienen, por ejemplo, vastas reservas de dólares, euros, libras esterlinas y yenes; y a ninguno se le ocurre gastar esas reservas por más crisis, ni carencias que tengan.

Ciertamente, nosotros usamos una moneda fuerte, pero no por eso debemos vivir privados de la tranquilidad de contar con reservas similares.

Pero, al autorizarse su uso para resolver problemas sociales, se reemplazó el efectivo con papeles de deuda del propio gobierno.

En fin, un engaño, porque, a la postre, es el Estado que se debe a sí mismo.

Desde entonces, el Fondo languidece, víctima de un malabar contable.

En caso de crisis, no contamos con ese dinero; y ni siquiera podemos prestarlo para la ampliación del Canal.

La condición para usar los dineros del Fondo fue, pues, controlar la capacidad de endeudamiento, en términos de déficit fiscal y deuda total en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), lo cual se materializó en una Ley de Responsabilidad Fiscal.

Pero el intento fue vano, porque tanto la administración de Moscoso como la actual, hicieron ajustes para que el PIB registrara cifras superiores a las del sistema anterior, llegando la del presidente Martín Torrijos a suspender, incluso, la vigencia de la Ley, lo que les permitió contar con más dinero para gastar y endeudarse; sin contar que cada una trajo bajo el brazo su propia reforma tributaria, que significó más impuestos.

Ahora se vuelve a discutir la necesidad o no de restablecer los controles de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Con gobiernos de gasto exuberante, como suelen ser los nuestros, incluyendo al actual, no hay muchas alternativas para tratar de detener el espiral de crecimiento galopante de la deuda que el año pasado alcanzó el 61.

1% del PIB, una proporción tan escalofríante como el monto total de la deuda, que ya supera los $10, 600 millones.

Todo una pesadilla para no dormir.