Una eficiente administración

Ningún programa de gobierno, no importa lo bien elaborado que esté, puede ejecutarse con eficacia con el viejo y obsoleto aparato administrativo actual.
Desde hace muchos años se han multiplicado toda suerte de arbitrios para perfeccionar la organización gubernamental, a veces con el pretexto de su insuficiencia técnica y para hacerla "dar más" en esto o aquéllo, generalmente en actividades o negocios hasta hace poco extraños al quehacer del gobierno, con el resultado que conocemos y, en muchos casos, sin beneficio para la colectividad, con desprestigio y pérdida de la propia autoridad pública.
Hablamos, pues, de la necesidad de una nueva máquina, con capacidad de acción, flexibilidad y rendimiento adecuado a las necesidades, ya que la vieja, a pesar de sus agregados, no sirve. No estoy hablando de cambiarlo todo, tampoco es necesario. Nuestro problema es más funcional que estructural. En un Estado como el panameño hay también requisitos previos de organización de las funciones públicas con una base institucional que no puede variar en lo esencial y que en toda forma debemos fortalecer.
La Administración es verdaderamente un medio, una maquinaria. Pero es también la administración pública un órgano de sustancia política, sujeto a derechos, obligaciones de esencial importancia y significación desde el punto de vista del interés nacional, que requiere ciertos formalismos, sobre todo estabilidad en los supuestos políticos sociales, que fundamentan la existencia y la autoridad del Estado mismo.
No puede tratarse a la administración pública sin tocar el Gobierno, aunque a la inversa puede ser cierto. Considérese igualmente que muchas modificaciones hasta ahora han empeorado la situación y debilitado al gobierno en lo esencial de su quehacer directivo, por olvidarse o menospreciar esos formulismos jurídicos, esas leyes y bases institucionales que no se pueden tocar.
¿En qué consistiría un trabajo de reforma de la Administración, suponiendo que ésta pudiera ir más allá del consabido retoque o ajuste de tornillo? ¿En qué podría consistir la modificación de su mecanismo de modo que, sin trastornar los principios fundamentales de nuestro derecho político, pudiéramos poner como resultado en manos del gobierno, un instrumento moderno?
En este espacio no podría profundizar sobre lo anterior. Pero sí podemos adelantar que la organización es cada vez menos un proceso cerrado y especializado, aislado por fronteras jurídicas y políticas, del derecho de propiedad o de la posesión del poder, para ser cada vez más un proceso abierto a las influencias y presiones del medio.
Las decisiones de la organización, o de su grupo directivo, se basan hoy en el contacto de ésta con el ambiente en que se mueve, y ello ocurre no sólo a las entidades de tipo político o de servicio público -que a veces marcha retrasado en este proceso- sino aún en los industriales o de producción altamente especializados. Su administración no puede ahora estar en manos de especialistas limitados a una técnica menuda, sino de personas (cuantos más mejor), dotados para recibir e interpretar en todo su significado la información exterior, y para activar con el coraje y motivación "política" necesarios.
La posibilidad actual de aumentar los índices de concentración del poder de decisión y de supervisión, por ejemplo, y de reducir consecuentemente los riesgos de una descentralización innecesaria, y la posibilidad de suprimir por tanto, muchos niveles intermedios creados a favor del principio de los "límites de la capacidad de control", están determinando por sí solos, un cambio de estructuras y técnicas que tiende a aumentar el tamaño o magnitud de la organización sin peligro para su eficiencia y con ventaja en relación con el principio elemental de la unidad de mando. Este no es un principio de valor absoluto, y en todo caso debe manejarse con cuidado. Los embudos del personalismo absorbente en los que se cae con tanta facilidad es también factor a considerar.