Venezuela: un silencio que ahoga

Han pasado tres meses desde que los venezolanos acudieron masivamente a las urnas el pasado 28 de julio. Sin embargo, desde entonces, la euforia y los llamados internacionales han sido opacados por un silencio alarmante.

Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva evitó referirse a la crisis venezolana. Su intento de mediar entre el presidente Nicolás Maduro y la oposición ha quedado en un impase, después de que ambos lados rechazaran la posibilidad de rehacer las elecciones. Aunque Lula ha declarado que las relaciones con Venezuela se mantendrán sin importar quién esté en el poder, su falta de acción resuena.

Venezuela y Brasil comparten 2,199 km de frontera, donde estados como Roraima enfrentan una presión migratoria inmensa. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de un millón de venezolanos han ingresado a Brasil desde 2017, y solo en agosto de este año, Roraima recibió 11,325 nuevos migrantes, de los cuales siete mil se encuentran en albergues.

Colombia, con 2,219 km de frontera con Venezuela, es el principal receptor de la diáspora venezolana, con casi tres millones de migrantes asentados en su territorio. El puente Simón Bolívar, que conecta Cúcuta con San Antonio del Táchira, ha sido escenario de oleadas migratorias y actividades delictivas en la zona. Bandas organizadas controlan gran parte de este paso, convirtiéndolo en un "acto de fe" para quienes lo cruzan. Aunque el presidente colombiano Gustavo Petro ha mostrado interés en la crisis venezolana, recientemente ha postergado hasta 2025 cualquier cambio de postura sobre la situación en el país vecino.

Guyana, el tercer país con frontera venezolana, tiene tensiones con Caracas por la región del Esequibo, rica en recursos, que Venezuela reclama como propia. Sin embargo, el flujo migratorio hacia Guyana es mínimo en comparación con Colombia y Brasil.

Mientras que Brasil y Colombia mantienen relaciones "cordiales" con Maduro, Panamá ha asumido una postura más firme. El presidente panameño José Raúl Mulino reafirmó su apoyo a María Corina Machado y solicitó sanciones más severas contra el régimen venezolano. Mulino respeta los intentos de mediación de Brasil y Colombia, pero aboga por una posición más contundente de la comunidad internacional, considerando que "en ausencia de una salida militar, no queda otra".

La crisis política en Venezuela continúa expulsando a miles de ciudadanos afectados por la hiperinflación, la inseguridad y la escasez de bienes esenciales. Panamá, impactada por el flujo de migrantes, especialmente en la selva del Darién, gasta anualmente $100 millones en atención humanitaria y enfrenta graves consecuencias ambientales.

En Nueva York, durante la Asamblea General de la ONU, Mulino y Petro sostuvieron una reunión bilateral para coordinar una estrategia conjunta, junto a Washington, contra la migración ilegal en Darién. Aunque la crisis afecta a personas de diversas nacionalidades, la situación venezolana es particularmente preocupante, pues se prevé que el flujo migratorio aumente.

El silencio de algunos países perpetúa el sufrimiento de millones. Panamá, en contraste, retribuye la solidaridad que Venezuela mostró hacia nuestra nación en tiempos difíciles y reafirma su compromiso de apoyar una solución a la crisis.