"Piratas" desafían al Gobierno y provocan caos en la capital

Por tercer día consecutivo, el ingreso a la ciudad quedó obstruido. Esta vez, un grupo de transportistas piratas decidieron salir a las calles para exigir que se honre el compromiso de las autoridades de legalizarlos.

La medida provocó disgusto entre los usuarios, quienes reclamaron a las autoridades mano fuerte contra aquellos que la ley indique, entre ellos, los transportistas ilegales y la empresa Mi Bus.

Miles llegaron con retraso a sus puestos de trabajo y de retorno a sus residencias debido a los cierres en más de diez puntos en horas de la mañana y la tarde.

A la entrada del Corredor Norte y en la salida de la autopista Arraiján-La Chorrera, los transportistas colocaron los busitos a lo ancho de las vías para pedir al Gobierno que suspenda los operativos y se continúe el proceso de legalización, como se prometió a los 850 transportistas que acudieron al censo convocado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Aunque la protesta en ambos puntos duró 30

minutos, los efectos incidieron en la circulación vehicular por el bloqueo en los puntos de mayor ingreso a la ciudad.

En Arraiján, Cruz Morales, de la recién creada empresa Unidos por el Pueblo, advirtió que los cierres continuarán hasta que haya una definición clara de la figura que tendrán en el sistema.

“El Gobierno nos había garantizado que con el censo se nos permitiría la circulación, pero se dejaron llevar por los dirigentes de la Canatra, que no tienen buses, y exigen que nos quiten del camino”, dijo.

Agregó que la indignación del grupo es que el Gobierno se ha burlado de ellos, convocándolos a un censo que “ahora pareciera no tiene validez”.

De los 80 buses que ofrecen el servicio alterno desde Calidonia hasta La Chorrera, 17 han sido sancionados con multas hasta de $500.

La acción contra los “piratas”, a través de los operativos, fue el resultado de un compromiso firmado el martes entre el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, y un grupo de transportistas de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra) y de la Cooperativa San Cristóbal de Chepo.

Ambos grupos también cerraron varias calles el martes para exigir un freno a la piratería.

“Vamos a ir sacando al transporte pirata tan rápido como el transporte legítimo pueda atender la demanda de movilización de los usuarios y tan rápido como los cambios estructurales se puedan implementar”, expuso el ministro Henríquez.

Se ordenó a los inspectores de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional sacar de circulación con multas a los “piratas”.

“Lo que hay detrás [del negocio de los buses piratas] es muy complejo y requiere de investigación”, resaltó el titular.

La decisión disgustó a los “piratas”, que guardaban la esperanza de que con el censo, el Gobierno les permitiría la libre circulación.

Ayer, cuando el grupo mantenía paralizada la ciudad y anunciaba llegar en caravana hasta la Asamblea Nacional, donde se instalaría la mesa de trabajo para buscar una solución al problema, Henríquez se mantenía en que “las autoridades no están negociando con los propietarios de los buses piratas y no aceptarán las presiones de algunos conductores de este transporte informal”.

Pasado el mediodía, el grupo se amotinó en las inmediaciones de la Asamblea Nacional para buscar una respuesta positiva de Henríquez.

Concluida la reunión, se quedaron sin respuesta. “Así no podemos trabajar, expuestos a las boletas y las grúas”, vociferó uno de ellos.

En caravana, volvieron al punto de partida: el Corredor Norte, Arraiján y Howard, sitios escogidos para mantener lo que llamaron “la batalla”.

Violeta Serna, del Frente Unido de Rutas Internas de San Miguelito, culpó al Gobierno del caos. “El doble discurso y la elasticidad en la toma de decisiones avivaron el problema”, se quejó.

Criticó el amiguismo que aún mantiene el Gobierno con un grupo de exdirigentes “que ya no tiene representación en el grupo, porque fueron indemnizados y sus rutas desaparecieron”.

En una petición formal de 10 puntos, la agrupación pidió al ministro de Gobierno “no reconocer al Sicotrac como nuestros representantes en ningún lado y a ninguno de sus secretarios, Tomasito López, Manuel Argüelles, Eduardo Álvarez y Esteban Rodríguez”.

Lucía Perea, del Movimiento 23 de Octubre, lamentó que el usuario quede en medio de la disputa.

“Por un lado, el Gobierno que no se pone los pantalones; la empresa que flagrantemente ha violado el contrato; los transportistas que solo ven de dónde sacan provecho y este grupo de ‘piratas’ que solo se aprovecha de la situación”, dijo.

El diputado Aris De Icaza, miembro de la Comisión de Transporte, comparó el problema con la “epidemia del ébola”, porque es una queja de vieja data que los gobiernos de turno no han logrado solucionar”.

Pidió a las autoridades que pongan un alto al juegavivo de muchos y se respete la paz social.

Represión

El presidente Juan Carlos Varela dio instrucciones al director de la Policía, Omar Pinzón, para que no permitan el cierre de calles protagonizado por un grupo de transportistas ilegales.

Argumentó que detrás de esos grupos, existen intereses políticos y económicos que aún desconocen.

Pinzón secundó la orden presidencial, al señalar que “la Policía, como garante de la ley, va a hacer cumplir los mandatos constitucionales. Vamos a proceder contra todo aquel que cierre calles, procederemos conforme nos permite la ley, utilizando las fuerzas del control de multitudes para garantizar el libre tránsito”, afirmó.