Política
Autoridad Nacional de Aduanas paga alquiler por local que es de ellos
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Los detalles de ese escándalo lo reveló la directora de Aduanas, Zoraya Valdivieso, cuando compareció a la Comisión de Credenciales.
Zoraya Valdivieso, directora de Aduanas.
El contrato para operar el Ferrocarril de Panamá no solo fue renovado en secreto, sino que el Estado debió pagar a la compañía concesionaria alquiler por un viejo inmueble en Curundú que pertenecía a las Aduanas durante 25 años y luego fue traspasado al operador Panamá Canal Railway Company.
Los detalles de ese escándalo fueron revelados por la directora de Aduanas, Zoraya Valdivieso, cuando compareció ante la Comisión de Credenciales para sustentar un crédito de 3 millones 501,820 dólares destinado al pago del alquiler del local correspondiente al periodo de 2020 a 2021, a razón de $764 mil por año.
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En el antiguo local de Aduanas hay únicamente equipo de descarte, y es necesario asignar entre 8 y 10 funcionarios para su vigilancia. Toda esta situación con Panamá Canal Railway Company será denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción, según declaró la directora Valdivieso.
"Todo eso fue una desidia y vamos a desocupar ese local y elevar el caso al Ministerio Público", reiteró Valdivieso.
El diputado de Vamos, Augusto Palacios, calificó la situación como un atraco, señalando que la compañía apenas pagó $55 millones al Estado en 25 años, pero cobra alquiler por un local que antes pertenecía a Aduanas.
Palacios detalló que Panamá Canal Railway Company aportaba al Estado $2.2 millones al año, mientras cobraba $764 mil por el alquiler de un inmueble que anteriormente era estatal, lo cual consideró indignante.
Más de 19 meses después de haberse vencido el contrato de concesión de 25 años otorgado a Panamá Canal Railway Company, se conoció que este fue renovado por otros 25 años.
La extensión se realizó el 9 de febrero de 2023 por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) durante el gobierno de Laurentino Cortizo, en completo silencio, y no fue hasta el 18 de septiembre que la resolución fue publicada en la Gaceta Oficial.
Se trata del Contrato-Ley 15 del 17 de febrero de 1998, firmado por el entonces ministro de Comercio, Raúl "Beby" Arango. El proyecto es operado en conjunto por las empresas estadounidenses Kansas City Southern y Mi-Jack Products.
Actualmente, la compañía promete invertir $30 millones, alegando que ya ha invertido $163.4 millones y pagado al Estado $55.1 millones en concepto de sus entradas brutas.
Recientemente, el exprecandidato presidencial y exdirigente de la Federación de Estudiantes de Panamá, José Dídimo Escobar, recordó que dicho contrato benefició exclusivamente a una empresa y a un reducido grupo de privilegiados panameños, quienes han medrado con la lucha del pueblo durante los 25 años de concesión del ferrocarril.
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