Desbalance en la Corte incrementa suspicacia

La rotura que se dio en el orden constitucional de los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el Gobierno de Juan Carlos Varela, le ha permitido al mandatario Laurentino Cortizo Cohen, nombrar a seis miembros de esta corporación, lo que crea "desconfianza y es peligroso" para el país, afirmó el exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Alfonso Fraguela.

A Cortizo, le ha tocado realizar un total de seis nombramientos de magistrados principales de la Corte, luego de que Varela no pudiera cumplir con el mandato constitucional de nombrar a tres, a finales de su mandato presidencial.

En noviembre de 2019, el Consejo de Gabinete aprobó de forma unánime los nombramientos de Maribel Cornejo Batista, María Eugenia López Arias y de Carlos Alberto Vásquez Reyes, como magistrados principales de la Corte. Cornejo y Arias para la Sala Penal y Vásquez para la Sala Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte.

En aquella ocasión, también se designó a unos seis magistrados suplentes.

En octubre de 2021, Cortizo designó a Miriam Cheng Rosas, como magistrada de la Sala Primera de lo Civil, y a María Cristina Chen, para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral.

Mientras que el sexto y último nombramiento fue el de Ariadne García, para la Sala Penal, la cual tomó posesión el 3 de enero.

Ante esto, surge la interrogante sobre los efectos que esto pudiera tener en la gobernabilidad del país, teniendo en cuenta que cuando se estableció el sistema de nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema, se hizo para que hubiera una alternabilidad. En este sentido, Fraguela indicó que lo que se está viendo, es consecuencia de la alteración del orden constitucional en lo referente a la gradualidad en el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.'

1972

años desde el cual se aprobó la Sala Laboral de la Corte y no se nombran los magistrados.

2024

año en que se harán las elecciones generales en Panamá, para escoger las autoridades,

9

magistrados conforman el pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

3

magistrados de la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia hacen falta por nombrar.

"Recordemos el rechazo que dio la Asamblea a las magistradas designadas por el presidente Juan Carlos Varela. Luego de ello, este prefirió no nombrar a nadie, hasta el final de su mandato, los cuales se mantuvieron en la interinidad, sin que la Asamblea los ratificara en los cargos, vendiéndose el periodo Presidencial y dejando dos designaciones adicionales a Cortizo", comentó.

Esto le está permitiendo a Cortizo mantener un número superior de magistrados designados, producto de la omisión presidencial de Juan Carlos Varela.

Agregó el letrado que el Gobierno Cortizo termina en un año y meses, por lo que la administración de gobierno, que inicia en el 2024, nombrará a quienes se les venza el periodo de 10 años, lo que deja abierta nuevamente la opción para quien sea presidente después del quinquenio siguiente a este, nombre seis magistrados de la Corte.

"La rotura de ese orden de nombramiento constitucional, despierta desconfianza de los ciudadanos para con el presidente que logre nombrar mayoría, pues supone una clara lealtad al nombramiento, y eso es peligroso. Ya que el nombramiento de un magistrado debe ser sin pretender ningún tipo de cercanía al Ejecutivo, debido a que es la Corte Suprema de Justicia la llamada a velar por el cumplimiento de la Carta Fundamental", dijo.

De forma puntual, el letrado comentó que la confianza que deba brindar al pueblo el Órgano Judicial podría ser teñida por la desconfianza que pueda generar la reverencia al presidente que nombró a un determinado magistrado.

"La Constitución nos habla de tres poderes del Estado que son independientes, pero que deben ejercer una clara y armoniosa relación entre ellos, es decir, entre el Legislativo, Ejecutivo y Judicial", agregó.

Sala de Casación Laboral

Para Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), el punto de vista de alguna parte de la población sobre cuáles serían los intereses a los que podría responder un magistrado que es designado por un determinado Gobierno, es subjetivo.

Agregó que eso es algo que se fundamenta en el método en que son seleccionados, el cual aún no ha llegado a un perfeccionamiento a través del cual la sociedad pueda tener asentado, un criterio de que quién es nombrado magistrado se ganó el puesto por mérito, ya que realmente no existe una evaluación que le otorgue un puntaje a alguien por encima de otro, sino que en la actualidad todo gira en torno a apreciaciones personales.

"Ese hecho es el que faculta a la sociedad y obviamente a las fuerzas políticas a tener sus criterios y dudas, sin embargo, yo creería que si el próximo Gobierno entendería esto como un riesgo, haría una salida desde el punto de vista de lo que es la propia ley", afirmó el letrado.

De acuerdo con Araúz, el Código Laboral, desde el año 1972, ha tenido el tema de la Sala de Casación Laboral creada en la ley y ningún Gobierno ha nombrado a los magistrados de la misma, por lo que esta podría ser una alternativa que pudiera tener el próximo Gobierno que entre en 2024.

"El próximo Gobierno tendría la posibilidad de nombrar a los tres magistrados de la Sala Laboral, para digamos, equilibrar la carga y desde mi punto de vista, el próximo Gobierno cumpliría una expectativa de décadas, en donde todos los Gobiernos han omitido este importante Sala Laboral, que tiene una tarea vital y adicional que ayudaría a descargar las tareas que tiene la Sala Contencioso Administrativa", expresó.

Otro punto que abordó el presidente del CNA, es sobre el establecimiento de una hoja de ruta en la justicia, creando políticas públicas, para que el Gobierno, que vaya a gobernar los próximos cinco años, tenga también una ejecución en favor de la misma.

"Más que el próximo Gobierno quedarse a mirar cómo opera la institucionalidad, habría que ver cómo va a llegar a transformarla y en el caso de justicia, habría muchas tareas que se pudieran realizar para construir, nivelar y sobre todo disipar dudas sobre el funcionamiento del Órgano Judicial", aseveró.

Araúz mencionó que otra manera que tendría la Corte Suprema de Justicia para disipar las dudas que se tienen con base en su funcionamiento, sería con la auto imposición mecanismos para evaluar las faltas a la ética y el establecimiento de un régimen disciplinario sobre las funciones que ejercen los magistrados.

No hay compromiso de los Gobiernos con la justicia

De acuerdo con el presidente del CNA, ningún Gobierno, a lo largo de los últimos años en Panamá, ha estado comprometido con el tema de la justicia.

"Lo político nunca ha estado interesado en el fortalecimiento de la justicia desde su estructura, es decir, entenderla desde sus dimensiones completas y estos nombramientos solo requieren que un Gobierno indique quienes son los tres nuevos magistrados de lo Laboral y nada más" dijo.

Puntualmente, dijo que la justicia no ha estado pensada a largo plazo.

En razón de esto, recomienda que el próximo Gobierno debe incorporar en el Ejecutivo, un ministro de justicia, para tener una dimensión profunda del funcionamiento de la misma.

Esto permitiría que esas desconfianzas que tiene la sociedad, tengan de alguna manera el esfuerzo político para transformarlo y dejar a un lado el asunto de la mera crítica, consideró.

"Es decir, la justicia funciona por inercia, la crítica llega en momentos coyunturales, pero no hay realmente ningún aporte desde el punto de vista que lo político diga, voy a transformar, entonces esa situación en la que expone esa cadena de episodios en donde la desconfianza, no se transforma en nada realmente que aporte", dijo.

Con base en esto, es donde Araúz señala que estaría porque las tres dimensiones, la del autocontrol, la del nombramiento de los magistrados de lo laboral y de un ministro de justicia, complementaría todo perfectamente para que nadie emprenda una batalla contra el poder judicial.

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