Ejecutivo veta descuento del 25% en las pólizas de seguro de autos

El proyecto de ley que busca establecer un descuento del 25% en las pólizas de seguro de autos para los conductores que durante el año no tengan ningún percance vehicular que requiera la utilización del servicio fue objetado por el Ejecutivo por inconveniente e inexequible debido a que representa un riesgo para la solidez de las aseguradoras.

“La modificación que propone el proyecto se aparta del propósito original de la Ley 68 de 2016, la cual fue diseñada exclusivamente para establecer un marco jurídico que garantice la cobertura obligatoria, sin tomar en cuenta el comportamiento individual de los conductores”, aseguró el mandatario José Raúl Mulino.

Señaló que el pago de las primas se acumula en un fondo común que permite que los riesgos sean cubiertos de manera colectiva; por lo tanto, esta alteración afectaría la capacidad del sistema de seguros para atender adecuadamente los riesgos.

La iniciativa también contradice la ley No. 14 del 26 de mayo de 1993, que regula el transporte terrestre público de los pasajeros y obliga a sus propietarios a contratar esta póliza de manera obligatoria y permanente.

Igualmente, se antepone a la normativa que regula la actividad de seguros en el país y autoriza a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá a fiscalizar, controlar y regular las empresas del rubro porque crea un comité para tal fin integrado por otras entidades como la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá.

La nota de objeción reitera que la creación de este grupo desconoce la independencia de la Superintendencia al someter sus decisiones al criterio de personas ajenas al sector.

Afirma que este comité tripartito generará “duplicidad de funciones, competencias y normativas que regulan una misma materia”.

La revisión de las tarifas, según el estudio del Ejecutivo, no solo pondría en riesgo la sostenibilidad del seguro obligatorio básico y solvencia financiera de las aseguradoras, sino que también aumentaría los costos del servicio y reduciría su oferta en el país, limitando la libre competencia.

El presidente reconoció la intención del proyecto, pero considera que su intervención en el sector económico distorsionará el mercado y obstaculizará la capacidad de innovación tarifaria de las compañías de seguro; por ello, lo envió nuevamente a la Asamblea Nacional para las correcciones correspondientes.

La normativa, desde su discusión, ha sido rechazada por las aseguradoras y la Superintendencia porque afecta la protección de los terceros involucrados en accidentes de tránsito.