Encuesta revela que 93% de los panameños ve corrupción en el Gobierno

La administración gubernamental del presidente Laurentino Cortizo es percibida altamente corrupta por los panameños.

Así se desprende de un estudio de opinión realizado por la firma Gallup Panamá en donde el 93% de los entrevistados considera que en Panamá ha habido algún acto de corrupción.

Solo el 4% dice que no y el restante 3% no sabe o no respondió. (Ver gráfico 2).

La encuesta, que se aplicó a 1,230 personas entre 15 y 18 de marzo pasado, tiene un nivel de confianza del 95%, con un margen de error de 2.8.

Pero, ¿cuáles son esos actos de corrupción que más conoce el panameño? La lista la encabeza la compra de ventiladores con 25%, el caso de los abusos de menores en albergues con un 21%, las planillas estatales con 17%.

Los encuestados también enumeraron la construcción del Hospital Modular (14%) y los sobrecostos en la compra de gel alcoholado (10%). (ver gráfico 3)

Incluso, el escándalo por la compra de ventiladores provocó la renuncia del viceministro de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz.'

100

era la cantidad de ventiladores que el Gobierno pretendía comprar para la pandemia.

49,000

dólares era el precio unitario de los ventiladores.

5

millones de dólares era el monto total de la compra.

La renuncia del alto funcionario del gobierno de Laurentino Cortizo se dio luego de que el funcionario justificara en una conferencia de prensa la polémica compra directa de 100 ventiladores AHP-300, por casi 5 millones de dólares, con un valor unitario de 49,000 dólares.

Otro episodio que alimentó la percepción de corrupción fue la construcción del Hospital Modular. Una investigación del procurador de la Administración, Rigoberto González, advirtió de la existencia de procedimientos inusuales en el proceso de contratación.

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Abuso en albergues

En cuanto al caso Senniaf, el 43% de los panameños considera que el principal responsable de lo que está pasando con los menores de edad en los albergues, es el Gobierno.

En tanto, el 34% señala al personal administrativo de los albergues como los responsables de los abusos que allí se cometieron.

El otro 11% culpa a la indiferencia ciudadana y 5% a la iglesia. (Ver gráfico 1)

El escándalo de abusos de menores en albergues subsidiados por el Estado, incluso provocó la renuncia de la directora de la Senniaf, Mayra Inés Silvera.

La renuncia se dio luego de que las diputadas que integraron una subcomisión de la Asamblea Nacional presentaran una denuncia ante el Ministerio Público para que se investiguen las irregularidades presuntamente cometidas contra menores de edad en varios albergues, administrados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

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La subcomisión de diputadas encontró que un menor de edad con discapacidad había sido abusado sexualmente por más de cinco años. Además, se denunció que a los menores se les daba comida para perros.

Hasta el momento, el Ministerio Público ha dado con la captura de unas cinco personas vinculadas al caso, el cual ha generado indignación tanto a nivel nacional como internacional.

Luego de conocerse los hechos, un grupo de panameños protestó frente a las instlaciones de la Senniaf exigiendo que se investigue y castigue a los responsables de los hechos.

¿Constituyente?

La firma también preguntó a los panameños, ¿si está o no de acuerdo con hacer una constituyente?

El 70% dijo que sí, mientras que 18% dijo que no. El 12 contestó que no sabe o no respondió. (Ver gráfico 4)

Una serie de agrupaciones anunciaron que recogerán firmas para convocar una Constituyente.

Dichas organizaciones deberán recoger el 20% del Padrón Electoral vigente al 31 de diciembre del año anterior.

Eso representa 551,564 firmas, las cuales deben ser recolectadas en seis meses, según la reglamentación emitida por el Tribunal Electoral.

De acuerdo con el documento reglamentario, los interesados en llamar a una constituyente paralela deberán elevar al Tribunal Electoral un memorial en papel simple, sin necesidad de apoderado legal, expresando su propósito de convocar a una Asamblea Constituyente.