Política
Al menos en cuatro ocasiones, el Consejo de Gabinete ha declarado estado de emergencia para afrontar situaciones especiales que afectan al país.
Chiriquí fue una de las provincias más afectadas por Eta y Iota.
En los 16 meses que lleva de gestión, el Gobierno del presidente de Laurentino Cortizo ha tenido que decretar, al menos, cuatro veces estado de emergencia ante situaciones que podrían tener graves repercusiones en el país.
Los más curioso es que de los 16 meses, nueve de ellos se mantienen, de forma consecutiva, bajo esa condición producto de la pandemia del nuevo coronavirus. Pero anterior y posteriormente a la pandemia, el consejo de ministro también decretó esa categoría en regiones específica del país ante sequías, inundaciones y los efectos causados por los huracanes Iota y Eta
Dicha declaratoria es requisito formal que debe cumplir el Ejecutivo, que se fundamenta en el Artículo 79 de la Ley de Contrataciones Públicas (ley 22 de 2006), que dispone el procedimiento especial de adquisiciones de emergencia.
Incluso, dicha ley ha traído controversia con el Artículo 55 de la Constitución, que aprueba el “estado de urgencia”, el cual conlleva la suspensión de garantías individuales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad ambulatoria y el derecho a la propiedad privada, entre otros.
Es decir, que la declaratoria de emergencia no contempla la suspensión de las garantías individuales.
[Deslizamiento de tierra en El Harino, Coclé, en noviembre de 2019]
Sequías
A finales de octubre, a tan solo 4 meses después de haber asumido el poder, el Consejo de Gabinete declara Estado de Emergencia en las provincias de Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los Santos y Veraguas, afectadas por la sequía.
La resolución argumentaba que esa provincias estaban ausentes de lluvias por un largo período de tiempo, afectando el desarrollo y la producción de los cultivos y los pastos, con los cuales se alimenta la mayoría de la población bovina de la región. También se tomó en cuenta la reducción de los caudales y niveles de los ríos, así como la disponibilidad de las aguas subterráneas y aguas en los abrevaderos, afectando en consecuencia la producción ganadera y agrícola.
Un mes despúes, 20 de noviembre de 2019, el Gabinete incluyó en la declaratoria de situación de emergencia por la sequía al sector productivo de Chepo, en Panamá Este; y Darién.
En ese mismo mes -7 de noviembre de 2019- se declaró situación de emergencia en las provincias de Chiriquí, Coclé y Panamá Oeste, pero esta vez para afrontar los efectos de las lluvias.
En esa ocasión se reportaron deslizamiento de tierra en El Pavón, en Chiriquí; El Harino, en Coclé; y el colapso de la vía hacia Punta Chame.
[Toma de muestra para detectar casos del nuevo coronavirus]
Pandemia
El 13 de marzo de 2020, cinco meses después de la primera declaratoria, el consejo de ministros aprobó formalmente el estado de emergencia nacional tras la llegada del coronavirus al país, a fin de disponer de los recursos para hacer frente al virus. La medida está decretada hasta diciembre próximo.
Hasta la fecha, el virus ha afectado 147,667 personas a nivel nacional y ha cobrado la vida 2,881.
Efectos de Iota y Eta
La última declaración de estado de emergencia se registró el 7 de noviembre de 2020. El Consejo de Gabinete declaró el Estado de Emergencia Ambiental en siete provincias (Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Herrera, Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y la Comarca Ngäbe Buglé por los efectos indirectos que dejó el huracán Eta.
[Deslaves de tierra es el efecto constante dejado por los huracanes Iota y Eta]
Posteriormente, el domingo 15 de noviembre de 2020, el Gabinete, en sesiones extraordinarias, extendió la declaración del estado de Emergencia Ambiental para las provincias de Colón, Darién, Los Santos, y las comarcas de Guna Yala, Madugandí, Emberá, Wouanaan y Wargandi, por los efectos colaterales del huracán Iota por el territorio nacional.
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