Han pasado 432 días desde que el Gobierno Cortizo-Carrizo prometió rebaja salarial para altos funcionarios

Han pasado 432 días desde que el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, presentó con parafernalia ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que permite un descuento a altos funcionarios para ser "solidarios" con el pueblo por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, el proyecto no ha logrado pasar del segundo debate, en donde pareciera dormir el sueño eterno, en medio de una disminución considerable de casos de coronavirus.

La iniciativa permitía un descuento del 50% en el salario y gastos de representación del presidente Laurentino Cortizo y su vicepresidente Carrizo.

A los ministros y viceministros de Estado, así como a altos funcionarios de otras instituciones, el descuento abarcaría un 25%.

No obstante, desde su aprobación, el 23 de julio de 2020 en primer debate, el proyecto espera su segundo debate en el Pleno Legislativo, en donde es ignorado diariamente por los diputados, a pesar de que reiteradamente aparece en la agenda de la Asamblea Nacional.

Desde entonces, todos los días aparece en la agenda con la frase "pendiente de segundo debate".

La presentación del proyecto de ley 356, al parecer quedó en un evento propagandístico para el gobierno de Cortizo y Carrizo, ya que el 2 de septiembre de 2020 la diputada perredista, Zulay Rodríguez, denunció que la Asamblea Nacional recibía presiones de altos funcionarios para que la inciativa no fuera aprobada.

"Muchos han asegurado que el cónyuge ha sido despedido del trabajo, otros que les han cesado los contratos y en ese momento son el único soporte económico dentro de su hogar y al hacer obligatoria esa ley, resultaría inconstitucional", precisó en ese momento la diputada de la bancada del PRD.

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Paralelo, a estas presiones surgió en la Asamblea el debate de la posible inconstitucionalidad de la iniciativa del Ejecutivo.

Rodríguez indicó que las dietas y gastos de representación, sí deberían estar incluidos en esta ley, pero en cuanto a los salarios, la norma sería inconstitucional, por la forma como se presentó.

Esto contrasta con lo que aseguró el Ejecutivo cuando anunció al país que sería solidario con los que menos tienen.

Al presentarlo ante el Pleno Legislativo, Carrizo aseguró que la legalidad del proyecto de ley había sido analizada a profundidad y que estaban seguros de que contarían con el voto favorable de todos los diputados.

"En estos momentos de peligro y desconcierto, en donde se impone el valor supremo de la vida de la población, resulta obligante para todos efectuar esfuerzos y sacrificios personales que coadyuven a aliviar los problemas que amenazan la existencia e integridad de la sociedad panameña", enfatizó Carrizo ante los diputados.

Pero el sacrificio y la solidaridad de la que habla el proyecto se ha quedado hasta ahora en promesas.

El proyecto destacó en todo momento el carácter temporal del descuento que sería aplicado.

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