Las razones de Varela, Cortizo y Carrizo para callar la voz de EPASA

Los diarios que integran el tradicional Grupo EPASA (Panamá América, Crítica y Día a Día) se convirtieron en unos de los pocos medios de comunicación que se atrevieron a cuestionar y revelar irregularidades en el Gobierno, ello empezando por la gestión de Juan Carlos Varela y ahora en el gobierno compartido entre Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo.

Ello generó una campaña sistemática contra estos medios de comunicación, en donde primero Varela intentó cerrar o tomar el control editorial de los periódicos del grupo EPASA, utilizando para ello al Ministerio Público y a la Dirección General de Ingresos.

En medio de su posición contra la libertad de expresión y en clara violación a acuerdos internacionales, Varela, a través del Consejo de Seguridad, armó el llamado caso "New Business" con el objetivo de acallar los cuestionamientos de los tres diarios que edita el grupo empresarial.

El llamado caso "New Business" comenzó en el año 2017 en la Asamblea Nacional, a través de un diputado panameñista -Jorge Iván Arrocha-, quien obedeciendo órdenes de Varela denunció la supuesta compra irregular del Grupo EPASA en 2010.

La supuesta denuncia de Arrocha -política- fue rápidamente recogida por la ex procuradora Kenia Porcell, quien según los llamados Varelaleaks, obedecía órdenes del expresidente Varela.

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Todo esto fue denunciado por Grupo EPASA ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Pero la renuncia forzada de Porcell, luego del escándalo de los llamados Varelaleaks, permitió probar la complicidad entre el Ejecutivo y el Ministerio Público para ejecutar el plan de persecución política que incluyó al grupo EPASA. Varela terminó su periodo sin poder lograr muchas de sus metas dentro de su plan de venganza judicial contra sus adversarios políticos, que incluían al expresidente Ricardo Martinelli.

Ahora, cuando se pensó que el plan de silenciar políticamente a este grupo de medios de comunicación había quedado en el pasado, el Gobierno de Cortizo y Carrizo han decidido revivirlo, una vez más, con la misión de acabar con un grupo de periódicos que cuestionan su gestión de gobierno y que ha revelado -entre otras cosas- las conexiones familiares con contrataciones del gobierno.

En enero 2015, tanto Panamá América como Crítica hicieron públicas las primeras irregularidades del gobierno de Varela. Para ese entonces se informó que la empresa Panamá Trucking recibió el 27 de noviembre de 2014 un contrato directo con el Programa de Ayuda Nacional (PAN) para el transporte de alimentos por 340 mil dólares.

La empresa tenía conexión con el entonces designado Contralor Federico Humbert, quien trató de ocultarse renunciando meses antes a la directiva de la sociedad beneficiada. Para ese entonces Varela tenía todo el poder en el Gobierno y el caso nunca se investigó.

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El 31 de marzo de 2016, Panamá América expuso irregularidades en el manejo de las compras directas de Tocumen S.A., a cargo en ese entonces por Joseph Fidanque. Muchas de las compras que autorizó se dieron a las empresas donde él es accionista y directivo: Novey y Cochez.

Esto violó el reglamento de conflicto de interés del Tocumen S.A., tal y como fue reconocido por el Procurador de la Administración, Rigoberto González. El tema fue demorado en el Ministerio de Economía y Finanzas y terminó con la renuncia de Fidanque.

En agosto de 2017, Grupo EPASA también expuso los contratos directos de la empresa AIRCO con el PAN para la compra de maquinaria pesada en el programa Techos de Esperanza, que coordinó el exministro Mario Etchelecu. Es así que sale a la luz pública el nombre de Pedro Peter Vallarino, amigo personal del presidente Varela.

Ante la información publicada, a la Secretaría de Transparencia y al Contralor Humbert, no les quedó otra opción que aceptar que había irregularidad en este proceso de compras, es decir, se trató de un caso de división de materia (compras divididas para entrar dentro de los contratos directos).

Grupo EPASA también publicó la compra masiva de buses de 30 pasajeros a la empresa Bering Motors, propiedad de la amiga personal y donante de campaña de Varela, Janeth Pool. Solo a esta empresa y bajo el cuestionado método de compra por catálogo se adquirieron 491 buses por 21 millones de dólares.

Luego del escándalo de los llamados Varelaleaks quedó plasmado el vínculo estrecho entre Varela y Pool, dueña de casa Goly y el Machetazo, por donde también se canalizó la mayoría de los bonos del programa barrios seguros.

Este grupo de medios impresos también puso en el tapete público el vínculo de la empresa Active Capital y Odebrecht. Una conexión que trató de ocultarse en el Ministerio Público hasta que las autoridades de Suiza pidieran información de la empresa que representa Juan Antonio Niño, concuñado del hermano del expresidente Varela, José Luis Popi Varela.

Este medio también publicó todas las maniobras que intentó realizar la ex procuradora, Porcell, para poder sacar de la investigación de Odebrecht a la fundación Don James y sus representantes Jaime y Mitchell Lasso.

Los llamados Varelaleaks, una vez más expusieron, como Varela y Porcell llegaron a coordinar comunicados para justificar el dinero que recibió Don James de Odebrecht y que luego terminó en la campaña y cuentas de Varela.

Así como Varela intentó callar a los medios del Grupo EPASA, el gobierno de Cortizo y Carrizo revivió el plan para tratar de controlar las críticas a su gestión, una de las peor evaluadas entre las últimas administraciones.

En esta gestión, los diarios del Grupo EPASA han mantenido su posición de crítica a los malos manejos e irregularidades que apuntan a contratos directos en pandemia y pospandemia, principalmente en el Ministerio de la Presidencia, cuyo jefe es el vicepresidente Carrizo.

Durante el inicio de la pandemia, los medios de Epasa denunciaron que la mesa conjunta Ministerio de Salud-Caja de Seguro Social (Minsa-CSS) que se creó para atender las necesidades hospitalarias, estuvo marcada por actos irregulares de especificaciones a la medida empresas, conflicto de interés y precios cuestionados.

Las alarmas se activaron cuando se realizó una compra rápida, con periodos cortos de entrega y en donde, por lo general, las ofertas tenían precios muy por encima del que se podía encontrar en el mercado tradicional. En este caso pretendía adquirir más 700 camas hospitalarias con ofertas que llegan hasta los 10 mil 990 dólares la unidad.

De igual forma, se reportaron irregularidades en la compra de gel alcoholado y otros insumos médicos. Cada frasco de gel alcoholado de 500 mililitros tenía un costo de 4 dólares con 97 centavos. Esto provocó una investigación por supuesto sobrecosto en la compra de gel alcoholado por parte del Ministerio de la Presidencia.

Grupo Epasa también se hizo eco del escándalo por la compra de 100 ventiladores automáticos con supuesto sobrecosto. El Ministerio Público anunció una investigación por el supuesto delito de peculado en la compra de los ventiladores a un costo unitario de 48,950 dólares. Este caso, incluso, provocó la renuncia del exviceministro de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz.

Durante la pandemia, la construcción del hospital modular de Albrook también estuvo salpicada por denuncias de actos de corrupción. Informes reportaron abismales diferencias entre el valor de la construcción del hospital modular registrado en el Municipio de Panamá, contra el valor del contrato enviado a la Contraloría de la República para su refrendo. La empresa Smartbrix Centroamérica S.A. registró la obra en el Municipio de Panamá, con un valor de 3 millones 761 mil dólares, para calcular la tasa del permiso de construcción, mientras que el contrato que se envió a Contraloría fue por 6 millones 998 mil 870 dólares.

Esto también provocó una investigación por parte del Ministerio Público.

El tema de la adquisición de vacunas contra la covid-19, por parte del Gobierno, también dejó al descubierto mentiras e imprecisiones en el manejo del tema. Las autoridades dijeron que Panamá sería uno de los primeros países del mundo en obtener la vacuna contra la covid-19,sin embargo, países de la región iniciarían la jornada de vacunación primero que Panamá.

En 2022, la excanciller Erika Mouynes estuvo en medio de un escándalo tras una gira a Asia, por contratar un vuelo chárter para llegar a tiempo a la ciudad de Tunxi en China, para reuniones diplomáticas.

El alquiler de este vuelo, cuyo valor sobrepasó las 350 mil dólares, lo pagó la Cancillería de Panamá con fondos del presupuesto de funcionamiento de la embajada panameña en la República Popular de China.

Mouynes también estuvo en el ojo público cuando presentó su renuncia al cargo. Fuentes políticas afirmaron que la destitución, sin previo aviso, de la misión de Estados Unidos no lo había considerado para la foto con el presidente Joe Biden.

Sin embargo, la entonces canciller panameña divulgaba en sus redes sociales, su foto con el presidente Biden, poniendo al límite lo que ya era una mala relación con Carrizo.

Panamá América también reveló recientemente la estructura montada a lo interno de Tocumen S.A. por el vicepresidente José Gabriel Carrizo, en donde se manejan millones de dólares en contrataciones públicas, se asignan los codiciados Duty Free de la terminal y se adjudican millonarios contratos que entran en disputa abierta de irregularidades expuestas por las mismas empresas participantes.

Carrizo tomó el control de Tocumen S.A. no solo colocando a Arab como gerente general, sino también a los familiares directos de su esposa: Julieta Spiegel. También incluyeron a amistades que fueron parte, como socios o colaboradores, del Grupo Spiegel.