Llamado a sesiones extraordinarias, un esfuerzo innecesario
Sectores de la sociedad civil coinciden en que lo más prudente hubiera sido no convocar sesiones a estas alturas del Gobierno, pero al hacerlo, recuerdan a Varela que pone en juego la institucionalidad.
La pérdida del apoyo del PRD supone un desafío para el Gobierno en estas sesiones extraordinarias. Foto/Archivo
El llamado a sesiones extraordinarias que hará esta semana el Ejecutivo para que los diputados de la Asamblea Nacional evalúen las designaciones pendientes para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), podría suponer un nuevo desgaste para el Gobierno, pero a la vez la puesta a prueba de una institucionalidad cada vez más debilitada.
Han pasado 10 meses desde que la Asamblea (inicialmente complaciente con el Gobierno) le propinó el más contundente revés a la gestión del presidente Juan Carlos Varela, al rechazar sus candidatas a magistradas Ana Lucrecia Tovar de Zarack y la fiscal Zuleyka Moore.
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Esto daría inicio a una guerra de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, y -de paso- sumiendo a la administración de justicia en una crisis sin precedentes.
Pero ¿cuánto ha cambiado desde entonces hasta ahora esta medición de fuerza de los poderes del Estado? ¿Están las condiciones dadas hoy para un llamado a sesiones extraordinarias con la garantía de completar las ratificaciones sin sobresaltos?
Para el excandidato presidencial Juan Jované, la respuesta es no.
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"Existe baja probabilidad de que los diputados le aprueben al presidente Varela a sus designados. Así que lo más lógico hubiera sido que no realizara este llamado a sesiones extraordinarias", opinó Jované.
Con este planteamiento coinciden diputados opositores y de la Comisión de Credenciales. No obstante, están obligados a sumarse al llamado a sesiones (desde el 21 o 22 de noviembre), aunque advierten que no será un proceso fácil.
Sobre todo porque el rechazo de Moore y Tovar gravitó en su falta de independencia. Y algunos de los nombres que suenan para este nuevo intento de ratificación evidencian nexos con el Ejecutivo.
Es el caso del abogado personal de Juan Carlos Varela, Rogelio Saltarín; de Olmedo Arrocha, actual jefe de Programación e Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); y del propio magistrado en funciones Jerónimo Mejía.
Sobre el posible interés de Juan Carlos Varela en mantener en el cargo a Mejía, también juez de garantías en el caso Martinelli, el abogado Ernesto Cedeño dijo que no sería lo más prudente, porque no aplicó a la reelección y, por ende, no fue sometido a las consultas de la Comisión de Estado por la Justicia.
"En esta ocasión [Varela] se debe circunscribir a aquellas personas que aplicaron voluntariamente, porque así fortalece el proceso", recomendó Cedeño.
Ayer la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá resumió así la realidad nacional: "El deterioro institucional que registra el país se resiste a cualquier pronóstico optimista, al menos en lo inmediato. Esta crisis hace rato tocó fondo y no nos permite continuar buscando excusas ni remedios a medias".